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EDITORIAL

La izquierda y los separatistas pretenden amordazar a la prensa en el Congreso

Que los indignos jefes de prensa firmantes de la infame carta tengan la desfachatez de hacerlo en nombre del "respeto" es el colmo de la desvergüenza.

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Al socaire del ominoso estado de alarma –declarado ilegal por el Tribunal Constitucional–, el Gobierno social-comunista puso en cuarentena la libertad de prensa con filtros y vetos a las preguntas que le dirigían en rueda de prensa los periodistas, inadmisibles cortapisas al derecho a la información que llevaron a más de un centenar de profesionales a adherirse al manifiesto Por la libertad de preguntar.

Pues bien, la pulsión totalitaria que destila la carta que los equipos orwellianos de comunicación de PSOE, Podemos, Bildu, ERC y otros ocho partidos de izquierda y nacionalistas han dirigido a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a la que reclaman "medidas" censoras contra la prensa crítica, supera con creces la fechoría de Sánchez en lo peor de la pandemia.

Tras varias ruedas de prensa en las que se ha podido ver a cabecillas de los partidos neoinquisidores, como el descalificable Gabriel Rufián, negándose reiteradamente a responder a periodistas de medios que no son de su cuerda con la excusa putrefacta de que no participan en "burbujas mediáticas de la extrema derecha", sus responsables de comunicación han solicitado a Batet que tome "medidas" contra ellos con la delirante excusa de que han cometido "intolerables faltas de respeto" a sus respectivos grupos parlamentarios.

Por lo visto, para la izquierda realmente existente (incluida la comunista y la proetarra) y sus socios supremacistas, insultar y negarse a contestar a los periodistas que hacen preguntas incómodas es un alarde de civismo y no someterse a sus designios liberticidas, una intolerable falta de respeto. Viven de eso: de invertir la realidad hasta pervertirla.

Es comprensible que al PSOE le resulte incómodo que le pregunten por la revisión a la baja que ha hecho la OCDE sobre el crecimiento económico español, que tumba las previsiones del Gobierno; o por la más que dudosa constitucionalidad de la exigencia a Netflix de emitir parte de su programación en catalán, sin la cual ERC amenaza con tumbar los Presupuestos social-comunistas. Pero los periodistas tienen derecho a formular esas preguntas sin que se considere que están faltando el respeto a nadie. De la misma manera que tienen derecho a preguntar a Rufián por que su partido critique la presencia en actos del PP de un condenado por la Justicia como Nicolas Sarkozy, cuando ERC invita a los suyos a condenados por la jornada sediciosa del 1-O, o por la ley de seguridad ciudadana que le gustaría imponer a la sociedad.

Por otra parte, ¿qué "medidas" quieren estos enemigos de la libertad que tome la presidenta del Congreso contra los periodistas críticos? ¿Hacerles que envíen sus preguntas por adelantado para así someterlas a censura previa? ¿Impedirles que tomen la palabra en las ruedas de prensa? ¿Despojarles directamente de sus acreditaciones? ¿Pero qué clase de checa informativa pretenden instaurar en la Carrera de San Jerónimo?

Que los indignos jefes de prensa firmantes de la infame carta tengan la desfachatez de hacerlo en nombre del "respeto" es el colmo de la desvergüenza, habida cuenta de que sirven a sujetos que se dirigen a los adversarios políticos y a la prensa que juzgan hostil con un lenguaje y unos modos propios de rufianes.

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