El iluminado presidente del Gobierno vasco ha protestado por la "alambrada" puesta por el Tribunal Constitucional a su ilegal consulta y ha asegurado que las denuncias que pondrán miles de vascos, cabe suponer que de su partido –y no sería de extrañar que con ayuda de fondos públicos–, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos terminarán por hacerla legal.
Sin embargo, resulta difícil dilucidar a qué clavo pretenden agarrarse para que en Estrasburgo atiendan sus quejas. El Convenio Europeo de Derechos Humanos se refiere, como no podía ser de otro modo, a derechos individuales que los gobiernos han de respetar, no a supuestos derechos colectivos, como el llamado "derecho a decidir", que no es más que un mero eufemismo para hablar de soberanía e independencia.
Así, ni siquiera el artículo 6.1 de dicho convenio, que fue el único mencionado en las alegaciones de los partidos nacionalistas ante el Tribunal Constitucional, sería de ninguna aplicación en este caso, pues se refiere al derecho de "toda persona" a que su causa sea oída "equitativamente" por "un tribunal independiente e imparcial". Evidentemente, no existe en este caso ninguna persona perjudicada, por cuanto la decisión del TC se limita a establecer si las comunidades autónomas, que no pueden tener derechos humanos por no son seres humanos, pueden organizar referéndums por su cuenta y riesgo. Y concluye que no. Esa decisión podría estar más o menos ajustada a Derecho y al ordenamiento jurídico español, pero no incumple ningún derecho de nadie.
Es más, si nuestra Constitución y nuestras leyes no contemplaran ninguna forma de referéndum, prohibiendo plantear este tipo de consultas incluso a nivel nacional, tampoco cabría recurso alguno, pues el Convenio sólo reconoce el derecho a "elecciones libres con escrutinio secreto" para la "elección del cuerpo legislativo".
En cualquier caso, la reacción de Ibarretxe desvela el profundo afán totalitario que le mueve, que le lleva a considerar las leyes como meros obstáculos para sus proyectos personales, como "alambradas" que hay que derribar. Pero toda ley es, en esencia, una alambrada, una barrera que separa lo admisible de lo inadmisible. Como toda obra humana, siempre es mejorable. Pero considerar que no debe existir límite alguno a lo que la ambición personal o los delirios ideológicos nos dicten es una de las marcas de fábrica de la tiranía.
Tampoco es que sea nada nuevo, dado que estamos hablando del PNV, un partido que jamás se ha preocupado por la violación de los derechos humanos –estos sí– de todos aquellos vascos que se oponen al nacionalismo, incluyendo los que se han visto obligado a marcharse de la tierra que les vio nacer, pero en cambio siempre se ha mostrado muy atento y dispuesto en la defensa del singular y curioso derecho de los terroristas a presentarse a elecciones y ocupar cargos públicos. Por aquellos del árbol y las nueces, ya saben.