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EDITORIAL

La ley Sinde y el cambio que promete el PP

El PP seguirá disfrutando de los amables epítetos de los principales espadas de la industria del entretenimiento y perderá los apoyos que podría haber reunido. Pero como vemos desde el congreso búlgaro de Valencia, al PP sus votantes le traen sin cuidado.

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Tras terminar la convención del PP, expresábamos nuestras dudas sobre si ese cambio de Gobierno que los populares ven tan cercano implicaría un cambio real respecto a las políticas de Zapatero. Si debemos juzgar por el acuerdo al que ha llegado con el PSOE y CiU sobre la ley Sinde, no cabe sino concluir que un Gobierno de Mariano Rajoy sería más de lo mismo.

Durante los últimos años se han sucedido las causas abiertas por entidades de gestión, empresas del sector del entretenimiento y organizaciones patronales contra diversos sitios web de enlaces a redes P2P. Estas páginas no albergan contenido alguno que vulnere ningún derecho de autor. Se limitan a enlazar, apuntar al lugar donde pueden descargarse música, películas y series televisivas, que generalmente son los ordenadores de otros usuarios. Por esa misma razón los jueces, sistemáticamente, las han considerado perfectamente legales.

Esa es la razón de la ley Sinde. No se trata de acabar más rápido con una ilegalidad manifiesta, sino de encontrar una vía que permite cerrar por la vía administrativa aquello que los jueces se negaban a cerrar respetando escrupulosamente la legalidad. Ante semejante atropello, el PSOE decidió incluir la figura de un juez en el proceso. Pero era un engaño: además de dar al propietario del sitio web afectado sólo un par de días para defenderse, el juez sólo debía decidir si consideraba que el cierre atacaba la libertad de expresión. No decidía sobre el fondo de la cuestión. De modo que las quejas no disminuyeron: si acaso aumentaron de volumen ante el intento de tomarle el pelo a los ciudadanos.

El PP tomó la bandera de los internautas poniéndose en contra de la ley, pero ganándose la desconfianza de muchos al considerar que su apoyo dependía sólo de que hubiera mayores garantías y una mayor participación de los jueces en el proceso. La suspicacia estaba más que justificada: el acuerdo al que ha llegado con el partido de Zapatero no es más que una reedición del intento del PSOE de tomarnos el pelo. Ahora se incluye a otro juez al comienzo del proceso, pero tampoco decidirá sobre si la web debe cerrarse o no: sólo sobre si pedir a la policía los datos sobre el propietario viola los derechos a la intimidad y el secreto de las comunicaciones.

El rechazo a la ley Sinde resultaba tremendamente atractivo para el PP. Los sectores a los que podía perjudicar que esta norma no fuera aprobada son claramente contrarios al partido de Rajoy, así que nada puede ganar apoyándolos. En cambio, podría lograr votos poniéndose del lado de los internautas. Finalmente seguirá disfrutando de los amables epítetos de los principales espadas de la industria del entretenimiento y perderá los apoyos que podría haber reunido. Pero como llevamos viendo desde unos meses antes del congreso búlgaro de Valencia, al PP sus votantes le traen sin cuidado. Les basta esperar a que caiga el PSOE para hacer sus mismas políticas en casi todo, internet incluido.


 

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