La llamada "guerra de los crucifijos" es fruto de una nueva iniciativa radical del Gobierno socialista para disfrazar su acreditada ineptitud en el manejo de la actual crisis económica y sus devastadores efectos sobre el empleo y el bienestar de los españoles. No pretendemos decir que en otras circunstancias el Ejecutivo de Zapatero se hubiera mostrado menos sectario, sino que la urgencia acuciante de desviar la atención sobre los problemas reales del país, exacerba aún más el radicalismo de un Gobierno que ha hecho del enfrentamiento entre los españoles una de sus principales señas de identidad.
Esta semana hemos asistido al insólito espectáculo de nuestro Congreso aprobando una moción, a instancias de ERC, para retirar los crucifijos de los centros de enseñanza, lo que dice mucho de la dimensión ociosa de una clase política cada vez más ajena a los problemas reales que afectan a todos los españoles. Además, como cada vez que el Gobierno pone en marcha una medida coactiva, se suprime la capacidad de la sociedad civil para ordenar su convivencia pacíficamente creando un problema donde no lo había. Dejando aparte el hecho evidente de que el crucifijo es el atributo de una religión que ha permitido la existencia de sociedades libres, al contrario que otras confesiones violentas muy del gusto de la izquierda, no parece que en un país en el que casi el noventa por ciento de los padres decide cada año que sus hijos cursen la asignatura de religión católica, el hecho de que perduren algunos símbolos de esa misma confesión sea un problema acuciante que el Gobierno deba resolver con medidas de fuerza como las que exige la moción parlamentaria.
Incluso los colegios católicos concertados se van a ver afectados por esta decisión gubernamental, porque, puestos a implantar medidas radicales, el Gobierno de Zapatero no suele dejar ningún resquicio. Se trata de un agravio directo hacia los padres que deciden, en uso de su libertad, que sus hijos reciban instrucción en centros de inspiración católica, algo a lo que tienen perfecto derecho puesto que también los fondos para esos conciertos salen de su bolsillo a través de los impuestos estatales.
Esta polémica vuelve a poner de actualidad el problema de la libertad de enseñanza, un desideratum constitucional que ningún Gobierno se ha atrevido a llevar a la práctica de la única forma posible: dejando a los padres elegir realmente el tipo de educación que quieren para sus hijos, ya sea a través de centros públicos o privados. Para eso es necesario que los padres dispongan de la potestad absoluta de decidir todo lo relacionado con la educación de sus hijos convirtiéndoles en administradores directos de los fondos que el Estado destina a ese fin. Hablamos del cheque escolar, un primer paso para devolver a los ciudadanos la libertad de elegir. De esta forma, no habría lugar a este tipo de polémicas, porque cada uno decidiría libremente en qué tipo de centro prefiere educar a sus vástagos, con crucifijo o sin él, pero algo así eliminaría la capacidad del Gobierno de influir en un asunto tan sensible como la educación y eso es algo que la izquierda no va a permitir jamás.
La perversión del actual modelo de enseñanza pública permite que un órgano político central, en este caso a instancias de un grupo antisistema como ERC, decida qué tipo de educación deben recibir los niños españoles con el dinero de sus padres, a los que se arrebata el derecho básico de decidir en esta materia. Esta es la ampliación de derechos que Zapatero prometía llevar a la práctica como eje de su legislatura, otro eufemismo más para encubrir la pulsión totalitaria consustancial al socialismo.
De hecho, la decisión del Gobierno de eliminar de los espacios públicos cualquier referencia a la religión católica va a ser incorporada a través de una Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Una disposición que, como el propio título indica, debería ir encaminada a facilitar, precisamente, todo lo contrario.