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EDITORIAL

La maldición del 3%

Jordi Pujol, presidente de la Generalidad durante 23 años y fundador de CDC, era el máximo responsable por activa y por pasiva de la trama del tres por ciento.

Jordi Pujol, presidente de la Generalidad durante 23 años y fundador de CDC, era el máximo responsable por activa y por pasiva de la trama del tres por ciento.
Jordi Pujol y Artur Mas | EFE

Jordi Pujol y su familia vuelven a la primera línea de la actualidad nacional. El patriarca del catalanismo de bolsillo ha inaugurado fundación y blog, una recaudadora de subvenciones, desgravadora fiscal y púlpito editorial al tiempo. El primer sermón ha consistido en reducir todos los casos que le afectan a él y a su familia a una simple falta, un desliz sin importancia "que en su momento se reconducirá", escribe Pujol.

Lo tiene clarísimo y presume que las consecuencias penales de su caso y los múltiples expedientes abiertos contra su esposa y descendientes directos se quedarán en agua de borrajas. Es muy probable, pero de las investigaciones judiciales, fiscales y policiales se deduce que Jordi Pujol i Soley, presidente de la Generalidad durante 23 años y fundador de CDC, ahora Partit Democràtic Català, era el máximo responsable por activa y por pasiva de la trama del tres por ciento, del cobro de comisiones a las empresas adjudicatarias de la Generalidad y sus entes, de los negocios irregulares de su prole, del blanqueo de capitales a través de Andorra, Suiza, Panamá y otros paraísos fiscales, el pal de paller de la corrupción en nombre de Cataluña.

Durante años, el sobredimensionado peso electoral de su partido en España le sirvió para tapar la quiebra fraudulenta de Banca Catalana, el pago sistemático de comisiones, los negocios familiares y el proceso separatista merced al sostén convergente a socialistas y populares en el Congreso de los Diputados. Artur Mas, por manifiesta incapacidad, acabó con el oasis y el statu quo entre Cataluña y el resto de España. Saltó el caso Pujol y un 25 de julio de 2014, el gran conducator catalán confesaba que había ocultado dinero en Andorra, una minucia, nada que ver con las multimillonarias cifras que desde entonces investigan la Audiencia Nacional y diversos juzgados de Cataluña relativas a las inversiones y negocios del clan.

Este mismo miércoles, la Guardia Civil, en calidad de policía judicial y a las órdenes del titular del Juzgado Nº2 de Blanes (Gerona) y la Fiscalía Anticorrupción, ha registrado el Ayuntamiento de Lloret de Mar y el domicilio de Gustavo Buesa, un tipo familiar en la famiglia, para recolectar contratos amañados, modalidad tres por ciento. Tan sólo 24 horas antes de los registros y detenciones, Pujol subía a su blog un artículo en el que no quería hablar de él, según escribía. A las primeras de cambio, calificaba de "falta" todos los delitos que pesan sobre él y su familia. "El sentimiento de culpabilidad me viene no por codicia, pero sí por miedo, por desidia, por ligereza, por debilidad he cometido una falta que no debería haber cometido", sentenciaba. 

Entre tanto, la Guardia Civil examina los documentos relativos a la adjudicación de contratos de recogida de basuras y gestión de residuos de un Ayuntamiento convergente a un empresario convergente relacionado con las fundaciones convergentes y con los Pujol. La farsa continúa y Carles Puigdemont, el president, junto a su patrocinador Artur Mas lo atribuyen todo a las cloacas del Estado, esta vez un juzgado de Blanes, los fiscales anticorrupción y los hombres de verde.

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