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EDITORIAL

La manifestación de los cómplices

Parece que los cientos de miles de liberados sindicales con los que cuentan UGT y CCOO están exentos hasta de acudir a las manifestaciones que sus dirigentes convocan.

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Parece que los cientos de miles de liberados sindicales con los que cuentan UGT y CCOO están exentos hasta de acudir a las manifestaciones que sus dirigentes convocan. Apenas nueve mil manifestantes en Madrid; muchísimos menos aun en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. A eso se reducen las manifestaciones que este martes habían convocado los sindicatos para protestar, supuestamente, contra el Gobierno y su propuesta de elevar hasta los 67 años la edad de jubilación.

De ello no hay que deducir, obviamente, que sea escaso el malestar social ante la política del Gobierno, en general, o ante su propuesta de hacer sostenible el sistema público de pensiones a costa de los pensionistas. Lo que sucede es que nuestras privilegiadas y bien remuneradas élites sindicales, corresponsables de una política tan antisocial como la que ha generado en nuestro país cuatro millones y medio de parados, lo que han pretendido con esta manifestación, más que liderar y dar cauce a la protesta, ha sido neutralizarla. Y lo han hecho con el doble objetivo de que el Gobierno de Zapatero no resultara especialmente perjudicado por ella, al tiempo de simular cierta independencia y capacidad de critica ante la que nos está cayendo.

No hay que extrañarse, pues, de que incluso varios diputados del PSOE se hayan sumado a este paripé, ni que Zapatero haya comentado la manifestación recordando lo muy "agradecido" que está a los sindicatos. No es para menos. Los sindicatos han hecho durante estos años algo aún peor que guardar silencio ante una política que despilfarraba el dinero del contribuyente tanto como condenaba al paro a millones de trabajadores: los sindicatos han exigido esa empobrecedora política como si de una muestra de defensa de unos mal llamados derechos sociales se tratara.

En cuanto a las pensiones, somos los primeros en poner objeciones a los planes del Gobierno de alargar coactivamente la edad de jubilación o de reducir la cuantía de las pensiones a través de otro cómputo para el cálculo de las mismas. Pero si esto no es solución, menos aún lo es ignorar el problema, tal y como hacen los sindicatos al no querer ver a dónde nos está llevando el ineficiente, por no decir estafador, sistema público de pensiones. Claro que este no es un problema para nuestras élites sindicales, bien sea debido a sus privilegiadas retribuciones, o porque ellas mismas hacen un lucrativo negocio gestionando planes de pensiones privados.

Tampoco es un problema para ellos la insostenible rigidez que padece nuestro mercado laboral que condena a millones de personas a un paro estructural al disuadir la nueva contratación por las elevadas indemnizaciones por despido. Tampoco es un problema para ellos que los trabajadores no puedan representarse directamente a sí mismos para negociar cuáles son sus condiciones de trabajo o la cuantía de su indemnización ante un eventual y futuro despido. Por el contrario, para los sindicalistas es una forma de vida la conculcación de los derechos individuales de los trabajadores que dicen representar.

A este respecto, es necesario destacar las declaraciones que ha hecho el gobernador del Banco de España en defensa, no sólo de los parches propuestos por el Gobierno en el tema de las pensiones, sino también a favor de la reducción del gasto público y de la reforma de la negociación colectiva para que los sindicatos y las patronales "den libertad" a empresas y trabajadores para que fijen sus condiciones laborales al menos durante los próximos tres años.

Está visto, sin embargo, que para los sindicatos ni la falta de austeridad, ni la legislación laboral que disuade la contratación, ni la falta de libertad de los trabajadores constituyen un problema. No nos extrañemos, pues, del paripé de su manifestación y de su escasa afluencia.

Lo único que podríamos añadir y denunciar es el vacío que deja la oposición al Gobierno, que es la que debería encauzar y liderar el huérfano pero creciente malestar ante la política de Zapatero, también en la calle. Sin embargo, dado que las protestas del PP –cuando las hay– se limitan al parlamento, tampoco nos ha de extrañar que ese vacío contra el Gobierno lo ocupen en la calle sus cómplices.

El Gobierno se deja maniatar por unos grupos de radicales mantenidos por el erario público precisamente para que ejerzan de radicales e impidan a los empresarios volver a crear riqueza y empleo. Va siendo hora de que algún Gobierno agarre al toro por los cuernos y que, al igual que hizo Thatcher en su momento, arrebate a estas minorías los injustificados privilegios con los que cuentan. No sólo nos ahorraríamos varios cientos de millones de euros, también nos volveríamos más libres y prósperos sin su reacción continua a cualquier cambio y mejora social.


 

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