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EDITORIAL

¿La manipulación como práctica habitual?

A pesar de la acertada decisión del Tribunal de apartarla del caso, ha quedado de manifiesto que la Abogacía del Estado en este caso ha ejercido más como defensora de los acusados y de la versión oficial del 11-M que como salvaguarda del imperio de la ley

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Este martes se ha reanudado el juicio en el que está procesada la cúpula científica policial por delitos de falsedad documental y falso testimonio por manipular y hacer desaparecer de un informe pericial sobre 1,3 kilos de ácido bórico, encontrados en la vivienda de Hasan Haski –condenado en el juicio del 11-M–, la referencia que los peritos autores del mismo hacían al hecho de que esa misma sustancia fue hallada en 2001 en un piso franco de ETA.

Lo cierto es que es difícil señalar que nos parece más bochornoso de lo acontecido en esta sesión, si la maniobra de la Abogacía del Estado que pretendía el archivo del caso o la pasmosa y tranquila forma con la que uno de los acusados, el jefe del Laboratorio Toxicológico de la Policía Científica, Francisco Ramírez, ha admitido que fue él quien cambió el contenido del informe de los peritos, calificando semejante práctica como algo habitual.

Aunque afortunadamente los magistrados hayan decidido este martes apartar de la causa a la abogada del Estado, que a partir de ahora no podrá intervenir en el proceso, no deja de ser bochornosa y artera su maniobra de personarse en un primer momento como acusación para luego no presentar cargo alguno contra los acusados. Semejante maniobra sin precedentes sólo ha tenido como objetivo la pretensión de neutralizar las acusaciones populares ejercidas por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, la Asociación Víctimas del Terrorismo y el sindicato Manos Limpias, tal y como hubiese ocurrido bajo la aplicación de la llamada "doctrina Botín", que los defensores de los acusados han sacado falazmente a relucir.

En cualquier caso, y a pesar de la acertada decisión del Tribunal de apartarla del caso, ha quedado de manifiesto que la Abogacía del Estado en este caso ha ejercido más como defensora de los acusados y de la versión oficial del 11-M que como salvaguarda del imperio de la Ley.

Claro que cuando los acusados, como Francisco Ramírez, pretenden hacernos creer que el uso del typex y la supresión de todo aquello que en los informes periciales no coincide con una versión preconcebida del caso no supone falsedad documental alguna, sino una práctica poco menos que habitual, ya nos podemos hacer una idea de la forma en que se instruyen los sumarios en este país y la clase de seguridad jurídica que disfrutamos.


 

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