El Gobierno de España negocia traspasos de competencias y transferencias de miles de millones de euros con los subalternos de los golpistas, con los mandaderos de personajes como Carles Puigdemont u Oriol Junqueras. Quienes fueron sus becarios, sus asistentes y sus pelotas de cabecera ocupan los principales puestos en la Generalidad y se sientan con Pedro Sánchez y sus ministros en mesas donde se vende España a trozos por el módico precio, para los separatistas, de mantener al líder socialista apalancado en la Moncloa.
Es un fenómeno de profundidad sociológica. En el país donde se puede pasar de curso con todas las asignaturas suspendidas, donde se desprecia el esfuerzo, se admira al corrupto y se indulta a quienes pretendieron someter a la mitad de la población de Cataluña a la voluntad supremacista del independentismo, lo normal para el Gobierno es negociar con esos trileros, quienes además visten sus disparatadas exigencias con los ropajes de supuestas deudas históricas y presuntos agravios históricos. Y el Ejecutivo, lejos de mandar a estos sujetos de vuelta a sus cubiles, no sólo les escucha sino que se desvive por cumplir sus exigencias.
Es, en palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la "tiranía de las minorías". Y algo más, el triunfo de quienes odian España y la consecuente derrota de los políticos leales a sus compatriotas y que, a diferencia de nacionalistas vascos y catalanes, manifiestan una visión de conjunto, conscientes de que la Nación no está formada por 17 microestados sino por 47 millones de ciudadanos.
La idea de que se aborde con dirigentes políticos que desprecian la más elemental noción de España y en una mesa bilateral asuntos que afectan a todos los españoles es algo que debería repugnar a cualquier demócrata. Desde luego, en otros países de nuestro entorno formaciones como ERC y Junts per Catalunya (JxCat) habrían sido ilegalizadas después de encabezar un golpe de Estado, de haber pisoteado la Constitución y los derechos de millones de personas.
Aquí, en cambio, se les premia con mesas bilaterales y un trato exquisito, como si en vez de negociar con autoridades regionales se estuviera recibiendo la visita de dignatarios extranjeros. El lamentable espectáculo será recurrente, pues la ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha expuesto un calendario con reuniones mensuales en las que se dará curso al traspaso de las competencias reclamadas por la Generalidad, entre ellas la cesión del edificio que alberga en Barcelona la Jefatura Superior de Policía, la red de cercanías de Renfe o el control de las aguas del litoral, un desatino cuyo único propósito es garantizar el apoyo separatista a los Presupuestos Generales del Estado, que también vendrán plagados de concesiones y transferencias. Y para abrir boca, 1.700 millones para la ampliación del Aeropuerto de El Prat.
El Gobierno está poniendo a España en serio peligro negociando el control del citado aeropuerto o pretendiendo ceder parte de las aguas territoriales españolas a una comunidad autónoma. Mientras tanto, la Generalidad recoge los frutos de la dependencia del Gobierno y plantea sin disimulos un segundo embate contra la unidad de España. En el momento en el que lance un nuevo golpe tendrá muchos más recursos y todos serán procedentes del Estado con el que pretende acabar.