Un día después de que el vicepresidente económico, Pedro Solbes, descartara radicalmente la adquisición por parte del Estado de acciones de entidades bancarias, el presidente del Gobierno no sólo ha abierto la puerta a esa posibilidad de nacionalización parcial –eufemísticamente denominada "recapitalización"–, si "fuera necesaria", sino que ha anunciado, además, que el Estado garantizará avales a las entidades financieras que podrían alcanzar, sólo en lo que resta de 2008, los 100.000 millones de euros. Se trata de dos "nuevas medidas" que el Gobierno ha hecho publicas tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario, convocado para aprobar las anunciadas tras la reunión del Eurogrupo este domingo y al que no ha asistido, entre otros ministros, el propio Solbes.
Con todo, a nadie debería sorprender tan vertigionosos bandazos del Gobierno si tenemos en cuenta que Zapatero, poco después de jactarse de que España tenía uno de los mercados financieros más sólidos del mundo, anunciaba la semana pasada el aumento de Fondo de Garantía de Depósitos hasta los 100.000 euros por cuenta y cliente, junto a un fondo adicional de 30.000 millones de euros –ampliable a 50.000 millones– a cargo del Tesoro para comprar activos financieros a las entidades bancarias con el objetivo de inyectar liquidez al mercado español.
Lo verdaderamente grave, sin embargo, es que las medidas que ahora el Gobierno pretende "implementar" son tan opacas como todavía lo son las que nos anunciaba hace una semana. El hecho de que estas últimas se hayan tomado al abrigo de lo acordado en la reunión del Eurogrupo no es excusa para eludir ni las explicaciones, ni el debate, ni la transparencia. El consenso europeo, en este sentido, no puede convertirse en un imperativo de opacidad; más aún, si tenemos en cuenta los riesgos para los contribuyentes, ya sean presentes o futuros, que entrañan unas ayudas a la banca que, en el caso de la UE, ya triplican las aprobadas, con luz y taquígrafo, en Estados Unidos.
Esta exigencia de transparencia debe ser el eje de la reunión entre Zapatero y Rajoy de este martes, de la que el presidente del Gobierno sólo pretende obtener la ciega y cómplice adhesión del principal líder de la oposición. A este respecto, no es de recibo que lo único que sepamos de los requisitos establecidos por el Ejecutivo para que las entidades de crédito accedan a los colosales avales anunciados sean, sin más, "los que se establezcan por el ministro de Economía y Hacienda, entre las cuales podrán incluirse aquellas condiciones especiales de solvencia que proponga el Banco de España". Sin mayor detalle, semejante formulación es una barra libre para la discrecionalidad y arbitrariedad del Gobierno que, no sólo puede respaldar insostenibles proyectos de inversión, sino ser fuente de toda clase de corrupciones y amiguismos.
Otro tanto se podría decir de la autorización concedida al Ministerio de Economía y Hacienda para la adquisición de títulos emitidos por las entidades de crédito residentes en España, "incluyendo participaciones preferentes y cuotas participativas, cuando estas entidades necesiten reforzar sus recursos propios y así lo soliciten". Por mucho que el Gobierno diga que esta autorización tendrá "carácter excepcional y hasta el 31 de diciembre de 2009", nada explicita sobre si, una vez adquiridos, el Estado podrá conservar dichos títulos con posterioridad a esa fecha y, sobre todo, cuáles deberán ser los criterios que rijan su adquisición.
Cuando aquí lo único "solvente" parece ser el forzado bolsillo del contribuyente –o un no menos forzado endeudamiento de generaciones venideras–, que el Ejecutivo hable vagamente, sin dar detalles esenciales, de "condiciones especiales de solvencia" parece un chiste de humor negro.
Hace falta más, mucha más, transparencia para saber si estos planes de rescate pueden ayudar a afrontar la crisis o, por el contrario, se trata de una contraproducente huida hacia delante que sólo trata de rehuir la catarsis y el necesario reajuste al que nos ha abocado el irresponsable y desestabilizador expansionismo monetario auspiciado por el intervencionismo estatal. Las fluctuaciones a corto plazo de la Bolsa, en este sentido, no pueden ser un criterio para juzgar unas medidas como las que nos ocupan: si ayer los parqués experimentaba una histórica subida, no menos histórica han sido las bajadas que han experimentado en días anteriores ante el anuncio de medidas semejantes.
Es en la transparencia de los planes, y no en los rebotes de la Bolsa, donde debe radicar la confianza de la ciudadanía. El Gobierno debe facilitar a todos y por todos los medios –incluido internet– todos los detalles que, lejos de ser "notas a pie de pagina", constituyen la verdadera base sobre la que enjuiciar sus planes. Esperemos que Rajoy, a estas alturas, tenga en cuenta que si alguien no merece un cheque en blanco, ese es José Luis Rodríguez Zapatero.