Mariano Rajoy aseguraba ayer miércoles, ante la Ejecutiva del PP andaluz, que los Presupuestos Generales del Estado son "duros" y "desagradables", pero "la alternativa era infinitamente peor". El viernes pasado, tras el Consejo de Ministros, Cristóbal Montoro exclamaba: "¡Ya me gustaría a mí presentar unos Presupuestos donde creciera la inversión pública un 20%, pero es que toca hacer esto!"
Las afirmaciones del presidente del Gobierno y su ministro de Hacienda no difieren mucho del tono adoptado al presentar la mayoría de las reformas de los últimos tres meses. La idea que le ha llegado al ciudadano es que son medidas "duras" (es decir, malas), pero que no queda más remedio que adoptarlas para no despeñarse por el precipicio. Es la retórica impuesta por los socialistas desde el comienzo de la crisis: hay que aplicar, a regañadientes, medidas de ahorro porque, desgraciadamente y por culpa de los mercados, los capitalistas, los especuladores o vaya usted a saber quién, ya no queda más dinero que gastar.
En realidad, el problema de España y la razón por la que aún sigue sumida en la peor recesión de las últimas siete décadas es que sus políticos no se han dado cuenta de lo perverso de este discurso. Gastarse el dinero de los contribuyentes en un puente firmado por un arquitecto estrella, en subvenciones a un sector que no se ha sabido adaptar a los nuevos tiempos, en prestaciones por desempleo que no obligan al parado a buscar un trabajo o en primas de apoyo a las energías renovables, era exactamente igual de malo hace cinco años que ahora.
El derroche público está mal, ya sea en tiempos de bonanza o en momentos de crisis. Y el derroche va mucho más allá de lo que creen nuestros políticos. Evidentemente, el actual Gobierno es muchísimo más solvente, serio, preparado y consciente que el que presidía José Luis Rodríguez Zapatero. Por eso, creemos que no incurrirá en absurdos como el Plan E o las exageradísimas primas a las renovables.
Pero el problema es más de fondo, casi filosófico. Mientras se mantenga la creencia de que el incremento del gasto público es bueno si los ingresos lo permiten, seguirá vivo el germen del desastre que ahora nos rodea. Más allá de los servicios públicos esenciales, que deben prestarse con el máximo nivel de exigencia, control y vigilancia, deben ser los individuos y las familias los que decidan cómo organizar sus vidas. El principio básico debería ser que el dinero de los contribuyentes está mejor en sus bolsillos que en los Presupuestos Generales del Estado.
Por eso, el mensaje del Gobierno en estos días debería ser que no sólo no es malo que las instituciones públicas ahorren, sino que es ahora cuando se está actuando correctamente. Y que si, por casualidad, dentro de unos años acabamos algún año con superávit, no será el momento de incrementar el gasto, sino de reducir los impuestos para que las familias españolas puedan beneficiarse de esa austeridad.
El crecimiento económico siempre se fundamenta en un sector privado libre, organizado a través de unas pocas leyes, claras, precisas y que se cumplen. Esto es lo que hay que explicar a la ciudadanía. Esperanza Aguirre ha repetido en alguna ocasión que el PP no puede limitarse a aparecer como un buen gestor de un sistema organizado por otros y que debe dar la batalla de las ideas. Esta crisis es un momento mejor que ningún otro para cambiar un paradigma que es erróneo. Nunca antes las carencias del discurso socialdemócrata fueron más evidentes. Esperemos que Mariano Rajoy aproveche esta oportunidad. Si lo lograse, éste sería, sin duda, su mayor logro.