A nadie debería extrañar que el Rey, durante la celebración de la Pascua Militar, no haya hecho la más mínima referencia a la compleja situación política por la que atraviesa España y, por el contrario, haya centrado su discurso en la lucha contra el terrorismo islámico. Por complicada que sea, ciertamente, la situación a la que nos han abocado los resultados de las elecciones del pasado 20 de diciembre, no hubiera tenido ningún sentido que el Rey la abordase durante la celebración de una ceremonia eminentemente castrense como es la Pascua Militar, en la que, por el contrario, sí cabe destacar el papel que el Ejercito tiene –o debería tener– en una guerra como la que a todas las democracias occidentales nos ha declarado el terrorismo islamista.
Que el Ejercito español, como el de muchos otros países, no desempeñe, lamentablemente, un papel mucho más activo en la lucha contra el Estado Islámico –organización terrorista que controla y administra un territorio mayor que el del Reino Unido– no es responsabilidad suya sino de una clase política que, para empezar, se niega a reconocer la existencia misma de esa guerra y prefiere tratar esta cuestión como un problema estrictamente policial y legal. En cualquier caso, Felipe VI hace bien al vincular el papel del Ejército a la lucha contra el terrorismo yihadista y al destacar y agradecer la loable misión que nuestros militares hacen en países como el Líbano o Afganistán.
Más contradictorio ha resultado, sin embargo, el discurso del ministro de Defensa: Pedro Morenés también ha destacado el papel del Ejército en la lucha contra el terrorismo, pero también ha elogiado un pacto antiyihadista en el que se excluye a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo hasta el extremo de ni siquiera mencionarlas.
Otro tanto se podría decir de la referencia de Morenés al hecho de que las FFAA garantizan la unidad de España y el Estado de Derecho. Es cierto que el ministro no ha hecho más que recordar lo que dice el artículo 8.1 de la Constitución. Sin embargo, no es menos cierto que la soberanía nacional, la integridad territorial de España y el ordenamiento constitucional no los está poniendo en riesgo ejército extranjero u organización armada alguna contra los que dirigir nuestros ejércitos, sino la renuencia del Gobierno a hacer cumplir la ley a unos gobernantes regionales en abierto desafío al ordenamiento jurídico.
Ninguna objeción, por tanto, cabe hacer a que el Gobierno de la Nación recuerde el papel del Ejército contra los enemigos, interiores y exteriores, de España. Pero mejor estaría que ese Gobierno dejara de financiar, indirecta pero decisivamente, el ilegal y costosísimo proceso de construcción nacional que desde hace años se está perpetrando en Cataluña. Bien está que el Ejecutivo recuerde el papel del Ejército en defensa de la unidad de España, pero que lo haga después de atreverse a combatir políticamente los delirios identitarios e históricos en los que se sustenta el nacionalismo. Bien está que el Gobierno recuerde que el Ejército es garante de la soberanía nacional, pero después de atreverse a intervenir una Administración regional golpista que, en muchos y decisivos aspectos, ya ha fracturado de facto la unidad de la Nación entendida como Estado de Derecho.
En caso contrario, limitarse a recordar lo que es obligación del Ejército sólo sirve para ocultar las no cumplidas obligaciones que tiene el Ejecutivo en defensa de la unidad de España y alimentar ese ridículo imaginario, tan del agrado de los nacionalistas, de que la unidad de España pasa por llevar los tanques y la cabra de la Legión a las calles de Barcelona.
Por lo demás, bienvenida sea la celebración de esta Pascua Militar y el homenaje y agradecimiento que en ella se brinda a un estamento militar magramente remunerado y caracterizado por cumplir rectamente sus obligaciones y dignificarnos en el resto del mundo. No todas las instituciones pueden decir lo mismo.