Entre las dejaciones estatales de sus deberes básicos con los ciudadanos, ninguna tan grave como la de proveer seguridad y la justicia, derechos fundamentales e irrenunciables que se encuentran en la base de la creación de los estados modernos. Sin embargo, muchos gobiernos han olvidado su razón de ser, que no es otra que garantizar la vida y la propiedad de los habitantes del territorio y defenderlos de la violencia y los abusos cometidos contra ellos.
El paulatino deterioro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en España, fruto de la reducción presupuestaria y de efectivos que vienen sufriendo desde hace 15 años, se debe a una mezcla de falso progresismo y miopía política. Así, en la década de 1990 los dos principales partidos españoles decidieron de forma equivocada recortar el número de policías y guardias civiles pensando que las policías autonómicas y la menor criminalidad, así como la mejoría económica producida a partir de 1996, hacían innecesario un aumento del gasto en seguridad.
La situación ha ido degenerando hasta el punto de que en estos momentos los agentes españoles reciben sueldos que sólo cabe calificar de irrisorios si tenemos en cuenta las responsabilidades y riesgos de las tareas que llevan a cabo. Además, las graves carencias que sufren (falta de armas, chalecos antibalas, teléfonos, uniformes, ropa de abrigo en los puestos fronterizos de los Pirineos...) deberían ser causa de sonrojo y vergüenza para quienes han ocupado la cartera de Interior en los últimos años. Por último, la discriminación salarial con respecto a las policías autonómicas, cuyos miembros llegan a ganar 800 euros mensuales más que sus homólogos nacionales, es simplemente inaceptable.
Por tanto, a nadie debe extrañar el éxito de la manifestación unitaria celebrada el sábado en Madrid por iniciativa de los sindicatos policiales. A pesar de los impedimentos puestos por el ministerio, que a última hora decidió movilizar a cientos de agentes durante el fin de semana, 25.000 personas se congregaron para reclamar cosas tan simples como respeto profesional, justicia salarial y el fin del desprecio y el olvido a quienes se juegan la vida a diario luchando contra el terrorismo y las nuevas modalidades y organizaciones criminales que proliferan en distintos puntos de la geografía nacional.
Desde su llegada al Ministerio de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba se ha aplicado con ganas a la politización de los cuerpos de seguridad ignorando sus justas reivindicaciones. El resultado de su nefasta gestión es una merma en los niveles de seguridad de los españoles y unos agentes frustrados y engañados que no han tenido otro remedio que escenificar sus peticiones en la calle. Así es la España de Rodríguez Zapatero, un país donde, como en el Tercer Mundo, los policías tienen que manifestarse para exigir a un Estado dedicado a la satisfacción de los delirios de sus dirigentes un sueldo digno y suficiente. Bochornoso.