La operación Lezo ha destapado un nuevo escándalo de corrupción política que, en esta ocasión, tiene que ver con una presunta gestión fraudulenta llevada a cabo en el Canal de Isabel II y la posible financiación irregular del PP madrileño mediante el cobro de comisiones a empresas a cambio de contratos y concesiones públicas. La izquierda mediática y política ha aprovechado de inmediato esta oportunidad para cargar contra el "neoliberalismo" y el manido "capitalismo de amiguetes" por el que una camarilla de empresarios y políticos hacen turbios negocios a espaldas de la ciudadanía para enriquecerse de forma ilícita a costa del dinero de los contribuyentes, tratando así de sacar rédito electoral de este caso.
Sin embargo, el intento de PSOE y Podemos por ideologizar la corrupción del PP en beneficio propio no puede ser más burdo, ridículo y maniqueo. En primer lugar, porque si hoy la atención se centra en los populares de Madrid, el esquema denunciado es idéntico al que durante años ha afectado a casi todos los partidos políticos que han tocado poder, ya sea a nivel nacional, autonómico o local. No en vano, los tribunales ha procesado o abierto juicio oral por delitos de corrupción a casi 1.400 responsables públicos entre julio de 2015 y septiembre de 2016, según los últimos datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial, siendo Cataluña y Andalucía las comunidades más afectadas y con colores políticos de todo tipo.
La corrupción, por tanto, no es un problema de uno u otro partido, sino que deriva de una serie de fallos y deficiencias estructurales que, por desgracia, imperan en España desde hace demasiado tiempo sin que nadie proponga la receta correcta para minimizar sus daños. La clave es que el mal llamado "capitalismo de amiguetes" nada tiene que ver con el capitalismo y sí todo con el excesivo intervencionismo público y la amplia arbitrariedad política que existe en España. La suma de un sector estatal desproporcionado e ineficiente, un alto grado de inseguridad jurídica, opacidad administrativa, escasa libertad económica, profunda injerencia del poder político en ciertos sectores y una deficiente división de poderes dan como resultado un campo idóneo para la eclosión y desarrollo de todo tipo de clientelismos y corruptelas.
Los políticos, no el sector privado, son los auténticos culpables de semejante desfachatez. Y la mayor prueba de ello es que la corrupción abunda en aquellas áreas en las que el intervencionismo estatal está más presente, como es el caso de las empresas y organismos públicos, las muy politizadas cajas de ahorros, el urbanismo, la obtención de licencias, la concesión de ayudas y subvenciones o la adjudicación de obra pública, entre otros campos. Los negocios y sectores que menos dependen de la perjudicial y siempre interesada voluntad política para nacer y desarrollarse son ajenos a este tipo de dinámicas mafiosas.
No es casualidad, por tanto, que los países que gozan de una mayor libertad económica, donde el mercado depende de la voluntad de la ciudadanía -empresarios, trabajadores y consumidores- y no de la arbitrariedad política, son los menos corruptos, como es el caso de las economías nórdicas y anglosajonas. Por el contrario, los paraísos estatistas en donde todo depende, de una u otra forma, de la decisión del gobierno son los más corruptos y miserables. El modelo que venden socialistas y podemitas para combatir la corrupción no es ninguna solución, sino el auténtico problema de fondo. Si la corrupción es fruto de una excesiva injerencia política, la solución no es más injerencia política, sino menos. Lo que pretende la izquierda es apagar un incendio con gasolina: más cajas politizadas, más empresas públicas, más gasto, más intervencionismo económico, más subvenciones… En definitiva, muchas más y variadas oportunidades para que prenda la corrupción.
La única solución realmente eficaz y duradera contra esta lacra es justo la opuesta: más libertad económica, seguridad jurídica, transparencia, un sector público más pequeño y eficiente, así como una sólida división de poderes. En definitiva, más mercado y menos Estado o, lo que es lo mismo, más poder para la sociedad y mucho menos para los políticos.