Pocas cosas demuestran más a las claras que un país está recorriendo el camino de servidumbre del que hablaba Hayek que la intromisión de los poderes estatales en los medios de comunicación. En esto, como en tantas cosas relacionadas con el totalitarismo, el ejemplo venezolano es extremadamente clarificador. Pero como las libertades pueden ser recortadas gradualmente, no debería ser necesario que se llegue al extremo de cerrar una televisión o un periódico para que salte la alarma.
La queja del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, léase Camps, contra varias televisiones por emplear términos como "corrupción" e "implicados" demuestra lo poco que le gusta a una parte de la casta política la existencia de una prensa libre. Evidentemente, a Camps y los suyos les haría feliz no salir en los papeles que hablen de la trama Gürtel, aunque para lograrlo quizá debieran viajar en el tiempo para deshacer ciertos hechos de su pasado. Como no parece posible, la única alternativa es que no se pueda contar y de la ignorancia llegue la felicidad. La suya, al menos.
Con todo, esta inadmisible injerencia en la libertad de informar sobre la trama Gürtel no deja de ser un síntoma. Porque el PP ha forzado la retirada de la queja, pero apoyó con su voto un atropello mucho más grave, tanto más preocupante por cuanto fue aprobado en el Congreso por consenso. La nueva ley electoral obliga a las televisiones privadas a repartir el tiempo que dedican en sus informativos, entrevistas y tertulias a los distintos partidos políticos dependiendo de sus resultados en las elecciones pasadas. Una norma que obliga a empresas privadas a someterse a las instrucciones políticas en época electoral, cuando más necesaria es la información libre, supone una intromisión inadmisible de una casta que, una vez más, se ha puesto de acuerdo cuando de defender y ampliar sus privilegios se trata.
Como siempre, la excusa con la que se aprueba no puede sonar mejor: se trata de garantizar el pluralismo político. Del mismo modo, la obligación que se impuso a las radios norteamericanas de dividir sus tiempos en igualdad a los candidatos se denominó "doctrina de la imparcialidad". Cuando de limitar la libertad se trata, los políticos siempre encontrarán palabras bonitas que les permita justificarse. Pero ser ciudadano consiste, en buena medida, en no dejarse engañar. Y para lograrlo resulta imprescindible la libertad de expresión que tan poco gusta a tantos políticos.