No es casual que España sea el primer país, junto con Finlandia, cuyas cuentas públicas van a ser sometidas a un riguroso examen por los rectores económicos de la Unión Europea. Las continuas correcciones presupuestarias, obligadas a causa de unas previsiones macroeconómicas totalmente fuera de la realidad, y la absoluta pasividad de un Gobierno incapaz de llevar a cabo las reformas necesarias para iniciar la salida de la crisis, justifican sobradamente que la atención de los miembros del Ecofin se haya centrado en la gestión de Zapatero de forma prioritaria.
La economía española tiene un peso mucho mayor que el de Grecia y nuestros socios no están dispuestos a correr el riesgo de un desplome en nuestras finanzas que sin duda tendría repercusiones mucho mayores que las de Grecia sobre el conjunto de la UE. Pero es que, sumada a esa circunstancia, la incapacidad de Zapatero para gestionar una crisis de esta magnitud es ya una evidencia para toda Europa.
A primeros del pasado mes de febrero, tras la fuerte caída de la bolsa española, el presidente envió a Elena Salgado de gira internacional para intentar convencer a los mercados de que el Gobierno español estaba dispuesto a emprender un severo plan de ajuste que preservara la confianza exterior en nuestra economía. En ese contexto, sus colegas en el Ejecutivo aprovecharon para hacer el más espantoso de los ridículos denunciando que los problemas se debían no a la ineptitud proteica de nuestros gobernantes, sino a una oscura conspiración internacional, actitud impensable en cualquier cabeza mínimamente amueblada si lo que se pretende es dar una imagen de seriedad de cara al exterior. Después del esperpento, Salgado y su segundo en el ministerio aseguraron en ese particular euro-tour que el Gobierno iba a llevar a cabo una fuerte reducción del gasto público, lo que unido a una reforma del sistema de pensiones y a ciertas modificaciones en el mercado de trabajo, pondría las bases para que nuestra economía tomara por fin la senda del crecimiento.
Pues bien, dos meses después nada se ha hecho aparte de algunas propuestas evanescentes incluidas en el habitual "paquete de medidas" que el Gobierno, comisión Zurbano mediante, suele hacer público de forma recurrente para fingir que está actuando de forma decidida contra la recesión. Antes al contrario, a fecha de hoy, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ni ha comenzado a actuar en función de unas previsiones realistas en cuanto al crecimiento del PIB, ni está dispuesto a reducir el gasto público más allá de algún gesto testimonial, ni, por supuesto, goza de la menor autoridad para exigir a las comunidades autónomas que moderen su brutal despilfarro. En cuanto a la reforma de las pensiones y del mercado laboral, aún estamos esperando que los numerosos "globos-sonda" que sus ministros nos regalan de forma insistente acaben concretándose en alguna medida medianamente útil para comenzar a caminar en la buena dirección.
En esta tesitura es normal que la lupa de los organismos europeos se dirija hacia unas cuentas públicas, las españolas, cuya debilidad sólo puede disimularse ya a base de maquillaje estadístico y demagogia política. Esas viejas técnicas socialistas pueden tener virtualidad en clave de consumo interno gracias a unos medios de masas entregados en general al Gobierno de turno, pero de cara al exterior su efecto es inapreciable. El Eurogrupo va a examinar la gestión de Zapatero y sus conclusiones y recomendaciones van a dar a los mercados financieros la medida de la solvencia de nuestro país. Si Zapatero se olvida del grotesco expediente de la "conspiración internacional" contra España y comienza, por fin, a hacer algo útil por todos los ciudadanos, el bochorno de ser considerados los peores estudiantes de la UE habrá merecido la pena.