El Gobierno ha pasado de negar la existencia de la crisis a aprobar una medida tras otra, no se sabe si con intención real de intentar frenar el desastre o con el único objetivo de hacer ver a la opinión pública que está haciendo algo. No le falta razón a Rajoy cuando se burla de la improvisación y de las "propuestas del mes" de Zapatero y los suyos, que luego se revelan inútiles o ni siquiera se ponen en práctica.
El problema para los españoles es que, pese a poner una vela a Dios un día y otra al diablo al siguiente, cuando Zapatero apoya el libre mercado y condena el intervencionismo se limita a hablar, pero cuando anuncia medidas y las lleva al Parlamento son todas de un inequívoco tinte socialista. Así sucede con el nuevo crédito extraordinario de 11.000 millones de euros, que se destinarán en su mayor parte a los ayuntamientos para que lo dediquen a obras públicas y también al sector del automóvil, cabe suponer que para no despidan a más trabajadores durante un tiempo.
Otros gastos son también inequívocamente "sociales", eso que tanto gusta a los socialistas de todos los partidos, y que llega a incluir en este caso una partida destinada al "turismo social". Es decir, que en tiempo de crisis, tendremos que pagarle las vacaciones al vecino. Y es que, como dice nuestro colaborador Carlos Rodríguez Braun, en nuestros días "social" significa, simplemente, que paga otro.
Cabe argüir, no obstante, que el gasto público en infraestructuras está entre los pocos que pueden, en algunos casos, resultar rentables a una sociedad. El problema es que para que eso suceda es imprescindible que se ponga por delante la utilidad de la obra a realizar. Que el Estado dedique dinero a cavar agujeros para luego taparlos sin duda dará empleo a algunos trabajadores, pero será una pérdida neta de riqueza para el conjunto de la sociedad. Si lo esencial de un plan de infraestructuras es lo que va a costar y los puestos de trabajo que se van a crear con él, sólo cabe concluir que lo de menos es el resultado de tanto gasto, lo que obviamete hace dudar de su rentabilidad.
Además, la construcción de infraestructuras no es generalmente una solución de emergencia para una crisis, porque la burocracia que se requiere para iniciar una obra pública alarga los plazos e impide empezar a actuar hasta unos años después de hacer la propuesta inicial. De ahí que en plan de Zapatero incluya una reducción de plazos y con ella un incremento de la arbitrariedad con la que los consistorios pueden hacer uso del dinero. Tampoco resulta nada baladí sospechar, vista la discriminación presupuestaria con la que Zapatero trata a las autonomías gobernadas por el PP, que los ayuntamientos agraciados con esta medida serán mucho más de un color político que de otro.
El dinero que requiere este plan no saldrá de los impuestos de hoy, sino que se emitirá deuda para sufragarlo, de modo que los ciudadanos tendremos que pagarlo en el futuro. Desgraciadamente, al hacerlo, obtendrá unos recursos de los inversores a los que ya no podrán tener acceso las empresas, poniendo aún en más dificultades nuevos proyectos privados creadores de empleo.
En definitiva, la "propuesta del mes" de Zapatero resulta difícilmente defendible. El PP haría bien en modificar su comportamiento habitual de criticarla duramente para luego votar a favor. Abstenerse supone, sin duda, una cierta mejora sobre lo que ha hecho hasta ahora, pero parece poco defendible sentarse en un Parlamento y no expresar con hechos, es decir, con el voto, si le parece bien o mal un gasto de 11.000 millones de euros. En coherencia con el discurso de Rajoy, el PP debería votar en contra. Cualquier otra postura resultaría incomprensible.