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EDITORIAL

La venganza de una realidad ocultada

La crítica situación de España puede justificar medidas excepcionales, pero siempre que aquellas oligarquías que viven del Estado vean reducir sus privilegios. No se pueden exigir sacrificios mientras la casta política sigue medrando pese a la crisis.

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Jamás en la historia democrática de nuestro país un Gobierno ha llevado a cabo un cambio en su política económica, en lo que a gasto público se refiere, tan drástico y en tan poco tiempo como el que nos ha anunciado este miércoles José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso de los Diputados. No hace ni una semana que el presidente del Gobierno, tras entrevistarse con el líder de la oposición, seguía cerrilmente oponiéndose a reducir el déficit público, manteniéndose así fiel a una inmovilista, irresponsable y suicida política de gasto y endeudamiento público que no reconocía el abismo al que nos dirigía.

Este gobernante manirroto, que –insistimos– hasta hace nada consideraba que gastar más de lo que se ingresa iba a ser la vía de la recuperación y que denigraba cualquier política de austeridad como si de un ataque a los "derechos sociales" se tratara, es el mismo que este miércoles nos ha anunciado medidas tales como una reducción del sueldo de los empleados públicos del 5 por ciento para este año, su congelación para el año que viene, la suspensión de la revalorización de las pensiones para 2011, la reducción en el gasto farmacéutico o la eliminación del "cheque-bebe" de 2.500 euros y del régimen transitorio para la jubilación parcial.

Aunque hayan sido la UE y la Casa Blanca los que hayan forzado a Zapatero a afrontar la realidad y a acometer esta imprescindible reducción del gasto público, el presidente del Gobierno es el responsable de esta tardía e insuficiente forma de reducir el diferencial entre lo que el Estado gasta y lo que ingresa. Así, por mucho que los funcionarios gocen de una seguridad en el empleo de la que no gozan el resto de los trabajadores, no es justo que estos y, sobre todo, los pensionistas sufran en exclusiva un recorte del que, aun siendo necesario, se libran las subvenciones a los partidos, organizaciones empresariales y sindicatos. Como decía Rajoy, la crítica situación de España puede justificar medidas excepcionales de esta magnitud, pero siempre y cuando aquellas oligarquías que viven del Estado vean reducir sus privilegios. No es de recibo exigirles sacrificios a los ciudadanos mientras la casta política sigue medrando en medio de la crisis.

Y ello, por exiguas que en algunos casos puedan parecer algunas partidas del presupuesto: todas ellas deben apretarse el cinturón, sin excepción, pero empezando muy especialmente por aquellos sujetos que han contribuido a causar y agravar la crisis: políticos, sindicatos, patronal y los distintos lobbys económicos y culturales que han aupado al PSOE al poder.

Como también Rajoy ha recordado a este respecto, hay ministerios enteros, como el de Vivienda o Igualdad, que bien podrían suprimirse. Otros que podrían integrarse y erradicar de ellos muchas y absurdas partidas, tal y como las que señalaban recientemente nuestros compañeros Manuel Llamas y Juan Ramon Rallo, ninguna de las cuales ni siquiera son necesarias para el mantenimiento del Estado de bienestar (Educación, Sanidad, paro o prestaciones de la Seguridad Social), ni las funciones básicas del Estado (Defensa, Seguridad interior y Justicia, entre otras funciones).

Mención aparte merece la tan desatendida como imperiosa necesidad de acometer una profunda reforma laboral, medida esencial tanto para reducir el gasto como para elevar los ingresos. El paro, siendo esencialmente un drama humano, es también un drama para la contabilidad estatal. Zapatero, sin embargo, sigue dejando esta reforma en unos subvencionados "agentes sociales" que, para colmo, se resisten al cambio.

En lugar de tratar de elevar los ingresos por la vía de aumentar el número de contribuyentes, Zapatero pretende hacerlo elevando la presión sobre ellos, muchos de los cuales pasarán así de contribuir a los ingresos del Estado a ser dependientes de su gasto al incorporarse a las filas del paro. Es decir, Zapatero no ha descartado una nueva subida de impuestos que, ella sí, va a obstaculizar la ansiada recuperación económica.

Aunque el presidente haya anunciado también una previsión de ahorro adicional de 1.200 millones de euros por parte de las comunidades autónomas y entidades locales, lo cierto es que no ha dicho nada concreto respecto a cómo va a evitar duplicidades entre administraciones o cuál es el pacto o el plan que pretende alcanzar mediante el que lograr que las manirrotas autonomías y ayuntamientos se ajusten el cinturón.

Aunque el anuncio de este miércoles sirva para dejar en evidencia las contradicciones e incompetencia de Zapatero, tanto en lo económico como en lo social, la única salida al atolladero sigue siendo la inmediata convocatoria de nuevas elecciones.


 

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