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La vida sigue igual en el oasis catalán

Lo que cuestiona la legitimidad y la legalidad del Estado de Derecho no es la querella contra Mas, sino que el presidente catalán siga en el cargo.

EDITORIAL
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El discurso de Artur Mas en el acto de entrega de premios del Día de la Justicia, en presencia de las máximas autoridades judiciales en la comunidad autónoma, pone de manifiesto una vez más el nivel de delirio e impunidad al que ha llegado el nacionalismo catalán. Haciendo gala de una ignorancia y una mala fe política asombrosas, el presidente regional se ha atrevido a decir frente al fiscal que lo ha denunciado y el magistrado que ha de juzgarle que es necesario "unir y soldar" la legitimidad democrática y la legalidad del Estado de Derecho, como si fuera víctima de un régimen dictatorial y no el principal culpable de haber puesto voluntariamente a su Gobierno fuera de la ley.

Desde su perspectiva tramposa e interesada, la legitimidad y la legalidad son dos principios que las autoridades del Estado han puesto en crisis con su negativa a autorizar la operación secesionista orquestada desde la Generalidad. El déficit de legitimidad al que alude Mas se produce precisamente cuando una autoridad del Estado como él propicia una intentona golpista en toda regla y no se le pone freno.

La debilidad de la respuesta del Gobierno central no es el único elemento que caracteriza la anormalidad democrática en que vive Cataluña. A la visita casi clandestina que el presidente Rajoy realizó el pasado sábado a Barcelona hay que sumar el esperpento que ayer perpetró el Parlamento regional catalán al aprobar un listado de comparecientes en la comisión que va a investigar el portentoso enriquecimiento de Pujol y familia, en el que no aparece Artur Mas, delfín y testaferro (al menos político) del líder del clan.

El verdadero problema de Cataluña no es la querella presentada por la Fiscalía –que será dirimida por una Justicia entregada al poder político–, sino la desfachatez del discurso de Artur Mas frente a la cúpula judicial catalana, la inacción del Gobierno de España ante el separatismo y el magma mefítico de corruptelas y favores mutuos del oasis nacionalista. Esa es la verdadera disociación conceptual entre legalidad y legitimidad que menoscaba el Estado de Derecho, el auténtico déficit democrático del régimen constitucional y el ultraje jurídico-político que deslegitima no a la democracia española, sino a la Generalidad de Cataluña y, con ella, a la mayor parte de la clase política catalana, con honrosísimas por escasas excepciones.

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