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EDITORIAL

La vivienda pública puede agravar la crisis

El PSOE sólo ve la consecuencia beneficiosa a corto plazo, los jóvenes que acceden a la vivienda, y no los problemas que llegarán más tarde, como que esos mismos beneficiarios se queden sin empleo, no puedan pagar la hipoteca y sean embargados.

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A los socialistas de todos los partidos les sonará estupendo que la mitad de la vivienda acabe siendo de protección oficial. Pero como escribiera en su día Henry Hazlitt, "el arte de la economía consiste en considerar los efectos más remotos de cualquier acto o medida política y no meramente sus consecuencias inmediatas; en calcular las repercusiones de tal política no sobre un grupo, sino sobre todos los sectores". Y las consecuencias a largo plazo son tremendamente perniciosas.

Dejamos por ahora a un lado el gran coste que supondrá para las arcas públicas en un periodo en que el Gobierno debe procurar adelgazar más que nunca, para dejar más dinero en el bolsillo de empresas y ciudadanos. Ahora que la caída del precio de la vivienda parece inevitable, y sólo se discute el grado de esa bajada, un aumento del paro como el que se nos viene encima conllevará sin duda un incremento en la morosidad, que obligaría a la banca a embargar un número considerable de viviendas.

Un incremento en el porcentaje de VPO como el que se prevé para los próximos años ayudará, es cierto, a bajar los precios, lo que en este escenario ya bajista significaría una pérdida neta para los bancos, que habrían embargado unas viviendas que no podrían vender ni de lejos a los mismos precios. Esas pérdidas reducirían enormemente su liquidez en medio de una crisis crediticia que les impide financiarse con dinero exterior como se ha venido haciendo estos años.

Esa contracción en la capacidad de la banca para otorgar créditos tendría graves consecuencias. Los particulares tendrían muchísimos problemas para acceder a una hipoteca, con lo que la bajada de los pisos no les serviría de mucho. Las empresas no podrían crecer al carecer de financiación y no contratarían más personal. En resumidas cuentas, significaría una recesión mucho más larga y profunda. El problema será más grave cuanto más rápida y grande sea la reducción de precios, y la vivienda pública no hará sino colaborar en esa bajada.

El problema, por lo que se ve, es que ni Zapatero con sus dos tardes ni Solbes ni nadie en el Gobierno socialista ha llegado a aprender esa única lección de economía de la que habló Hazlitt. Sólo ven la consecuencia beneficiosa a corto plazo, los jóvenes que acceden a la vivienda, y no los problemas que llegarán más tarde, como que esos mismos beneficiarios se queden sin empleo, no puedan pagar la hipoteca y sean embargados.


 

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