El ministro de Industria, Miguel Sebastián, parece que tiene la intención de seguir adelante con su rocambolesco plan para reducir la dependencia española del petróleo y, de paso, nuestras emisiones de CO2. Así, para disminuir el consumo energético, Sebastián propone impedir que los centros comerciales y otros espacios públicos aumenten la temperatura de sus aires acondicionados por encima de 21 grados en invierno o por debajo de los 26 en verano; lo que se añade a las medidas ya aprobadas hace unos meses consistentes en reducir la velocidad en carretera o fabricar coches eléctricos.
Sin duda, el ministro puede comparecer ante la prensa aportando una receta "ocurrente" para dos problemas básicos de nuestra economía, pero se calla que tanto la existencia de esos problemas como la falta de soluciones privadas para los mismos son consecuencia de las intervenciones económicas del Gobierno actual y de los anteriores, tanto del PSOE como del PP.
Es cierto, por ejemplo, que nuestro país es muy dependiente del petróleo; nuestro déficit por cuenta corriente es uno de los mayores del mundo y aproximadamente dos tercios del mismo corresponden a las importaciones de crudo. Esto, en principio, no debería resultar problemático siempre que seamos capaces de sufragar esas importaciones con nuestras exportaciones; pero eso es exactamente lo que no está logrando la economía española. ¿Y a qué se debe esta falta de adaptación? Pues en buena medida al intervencionismo del Gobierno.
No reducimos nuestra dependencia del petróleo porque el Ejecutivo está empeñado en promocionar las energías renovables y en desterrar a la nuclear. Si las primeras no terminan de despuntar (y cuando lo hacen sólo es con ingentes e inasumibles subvenciones públicas) y las segundas van perdiendo progresivamente peso, el petróleo y el gas se convierten en las únicas alternativas viables para seguir manteniendo la actividad productiva. Además, tampoco estamos produciendo bienes y servicios exportables porque el dinero que se necesitaría para adaptar y reorganizar las empresas lo está succionando el Gobierno con sus "planes de rescate" a las industrias y los negocios ineficientes.
El otro problema, las emisiones de CO2 de España a la atmósfera, también tiene una naturaleza y desarrollo genuinamente políticos. Después de que el primer Gobierno de Aznar firmara el Protocolo de Kyoto, España se comprometió a racionar el CO2 que producía nuestra economía, de modo que sólo fuera un 15% superior al de 1990 (cuando el incremento real hasta 2007 ha sido del 50%). Si queríamos excedernos de las cantidades que nos fueron asignadas, teníamos que adquirir a otros países sus derechos a emitir este gas. Hoy, el precio de esos derechos se ha disparado (ya que su oferta es fija y todos los países quieren adquirirlos), por lo que el coste para nuestro país, especialmente en tiempos de crisis, resulta prohibitivo.
Pero, una vez más, estamos ante un coste autoimpuesto por los políticos; nadie nos obligó a limitar nuestras emisiones de CO2, salvo la ideología ecologista de nuestros gobernantes. Y aun en el caso de que resultara imprescindible contener el CO2, no parece que el sistema de racionamiento sea el más adecuado; Estados Unidos, por ejemplo, apostó entre 2004 y 2007 por invertir en nuevas tecnologías que incrementaran la productividad sin emitir más CO2 y los resultados fueron mucho mejores que los europeos.
Y es que, al final, Sebastián se enfrenta a dos filosofías económicas completamente distintas: una, que sostiene que ante la escasez de recursos el ser humano tiene que restringir las necesidades que puede satisfacer de manera permanente; y otro, que cree que el genio creador y científico de los individuos les permite vencer esa escasez mediante incrementos continuados de la productividad, por lo que las limitaciones que nos impone nuestro entorno son sólo temporales.
En lugar de pasar calor en verano y frío en invierno para consumir menos petróleo, deberíamos volvernos lo suficientemente ricos como para que podamos permitirnos ese consumo que Sebastián juzga ahora excesivo. Pero claro, esto supondría un duro golpe contra su ideología socialista e intervencionista, ya que implicaría desregular progresivamente el mercado eléctrico, buscar alternativas a Kyoto y, sobre todo, dejar que cada persona y cada empresa organicen su vida como prefieran. Mucho más de lo que el PSOE puede soportar.