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EDITORIAL

Las sospechas sobre la muerte de Payá siguen vigentes

No cabe juzgar las declaraciones de Ángel Carromero, realizadas en un contexto de privación de derechos. Su veracidad, no obstante, quedará de manifiesto cuando tanto él como su compañero de nacionalidad sueca puedan hablar sin presiones ni chantajes.

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Ángel Carromero, el dirigente de la organización juvenil del PP que conducía el coche siniestrado en el que murió el opositor cubano Oswaldo Paya y un colaborador, ha confirmado la teoría del accidente fortuito en unas declaraciones autorizadas por la dictadura castrista con destino a la prensa extranjera. Como todo lo que ocurre en la isla-prisión, cabe dudar cabalmente de que las palabras de Carromero hayan sido pronunciadas sin estar sometido a la coerción que en el régimen castrista es habitual, extremo que confirmará el propio protagonista en cuanto pueda expresarse libremente una vez fuera de Cuba.

Las sospechas de que la dictadura cubana pretende ocultar algún tipo de implicación en el suceso que acabó con la muerte del líder de la oposición se acrecientan por el hecho de que tanto Carromero como el otro ocupante ileso del vehículo, el sueco Jens Aron Modig, siguen retenidos por las autoridades castristas sin que hasta el momento hayan ofrecido una explicación satisfactoria sobre los motivos de esa suspensión de sus derechos. La detención de Modig es todavía más sospechosa puesto que ni siquiera iba conduciendo el vehículo, por lo que no puede alcanzarle ningún tipo de responsabilidad civil que la dictadura cubana pudiera alegar como requisito a dirimir antes de permitir su salida de la isla.

Mientras los dos supervivientes del siniestro sigan en poder de los hermanos Castro sus manifestaciones públicas han de ser acogidas con la debida prevención, pues la falta de escrúpulos de la dictadura cubana para manipular a sus víctimas con efectos propagandísticos es un procedimiento habitual en aquella tiranía. También la retención ilegal de los ciudadanos extranjeros cuya labor pueda resultar molesta a los Castro, cuyos tribunales orgánicos han llegado a dictar fuertes sentencias de prisión como en el caso del contratista norteamericano Alan Gross, condenado a quince años de cárcel por facilitar el acceso a internet a comunidades judías cubanas a través de una subcontrata del Gobierno de los Estados Unidos.

Por todo ello no cabe juzgar las declaraciones de Ángel Carromero, realizadas en un contexto de privación de derechos en el que lo prioritario siempre es recuperar la libertad, a pesar de lo cual pueden ser coincidentes con la realidad de lo sucedido. Su veracidad, no obstante, quedará de manifiesto cuando tanto él como su compañero de nacionalidad sueca vuelvan a sus países y puedan hablar sin presiones ni chantajes. Entonces sabremos lo que realmente pasó la noche del 22 de julio en aquella carretera cubana. Mientras tanto, las sospechas sobre la muerte de Oswaldo Payá y Harold Cepero siguen siendo igual de legítimas que el primer día.

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