Durante semanas se ha estado desarrollando una campaña capitaneada por el Grupo Prisa para intentar salvar por todos los medios la carrera del magistrado-juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. El principal argumento utilizado ha sido el patético intento de hacernos ver a quienes creemos que su actividad como juez hace muchos años que mancha la Justicia que se le está intentando empapelar por un noble intento de no dejar impunes los crímenes del franquismo.
Los jueces instructores se encuentran entre las personas que más poder acumulan en el diseño del Estado español. Pueden autorizar escuchas, indagar en todos los aspectos de nuestra vida y hasta meternos en prisión hasta cuatro años antes de que se celebre siquiera el juicio, entre otras potestades. Precisamente por eso, su actuación ha de estar severamente limitada por la ley, y sus excesos castigados como lo que son: un abuso intolerable de la confianza que se ha puesto en ellos para que hagan justicia.
Garzón no está siendo investigado por el Tribunal Supremo por haber querido "investigar el franquismo". Lo está porque los procesos penales, por esa ley que tiene la obligación de respetar, sólo pueden seguirse contra personas vivas, y por tanto tuvo que justificar sus actuaciones pidiendo los certificados de defunción del propio Franco y otros notables muertos hace ya muchos años, como si no supiera que ya no estaban entre nosotros. Ignoró también la ley de amnistía, la misma que enarboló hace una década para no perseguir penalmente a un criminal que sí estaba vivo entonces, y ahora, Santiago Carrillo. Que un mismo juez decida obedecer o ignorar la misma ley según su conveniencia política parece un caso de libro de prevaricación, pues no puede alegar ignorancia sobre un argumento jurídico que él mismo empleó.
Pero, en cualquier caso, sobre lo que se mantienen en general silentes sus defensores es sobre las otras acusaciones que existen contra él, acusaciones que también han sido admitidas a trámite por el Tribunal Supremo. La primera, el caso de su solicitud de fondos para organizar un curso, que empleó en parte para gastos que sólo pueden calificarse como personales. Una actividad que podría calificarse de moralmente censurable, especialmente porque los pidió dejando claro que lo hacía un "magistrado-juez de la Audiencia Nacional" –lo que se parece demasiado a un chantaje–, aunque no de delictiva de por sí. Sin embargo, tiempo después llegó a su juzgado una denuncia contra su benefactor y no sólo no hizo lo que debía, abstenerse, sino que rechazó esa demanda.
Por último, acaba de admitirse a trámite otra querella por su lamentable actuación en el caso Gürtel. Como defendimos en su momento, sólo cuando desapareciera Garzón del proceso podría empezar a hacerse justicia, dado que compartió cacería con el policía encargado de las investigaciones y el ministro socialista de Justicia el mismo fin de semana que comenzó a realizar detenciones. Pero además de la apariencia de imparcialidad, lo que no sabíamos entonces es que Garzón iba a violar el secreto de las conversaciones entre abogado y cliente, en contra de la ley, que sólo lo permite en casos de terrorismo, y ni siquiera entonces en todas las situaciones.
Garzón acaba de batir un récord, convirtiéndose en el único juez que ha tenido tres causas abiertas contra él en el Tribunal Supremo. Sus defensores deberían encontrar mejores argumentos para defenderlo. El problema, cabe sospechar, es que no los tienen. Y les importa más tener un juez amigo que defender la Justicia.