Es obvio que al PP no le parece un "abuso de derecho" ni la detención televisada del expresidente popular madrileño Ignacio González ni que su sucesora, la también popular Cristina Cifuentes, haya comparecido en condición de testigo ante el juez por ese presunto desvío de fondos en el Canal de Isabel II, por el que también han sido detenidas otras 11 personas, a las que se imputan delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios. Por el contrario, el PP ha expulsado fulminantemente a González del partido, mientras que la declaración de Cifuentes ha sido enmarcada en el compromiso popular de la lucha contra la corrupción, "venga de donde venga".
Nada que objetar –todo lo contrario– a la expulsión de González, pues, si bien el tiempo y los tribunales dictaminarán su culpabilidad o su inocencia, los cargos de los que se le acusa son tan graves que justifican plenamente la decisión adoptada por el Comité de Disciplina del partido. No menos plausible resulta la comparecencia como testigo de Cifuentes ante el tribunal, teniendo también presente que la investigación dirigida por el juez Eloy Velasco fue instada por su propio Gobierno tras advertir posibles irregularidades en la compra de sociedades en el extranjero.
Ahora bien, si hay que combatir la corrupción, "venga de donde venga", también hay que criticar las penas de telediario con independencia de a quiénes afecten, incluidos González y el denostado entorno de Esperanza Aguirre. Y si caben dudas de si esa era necesario detener a González y no limitarse a citarle a declarar como imputado, lo que es seguro es la indebida filtración de la operación –supuestamente secreta– que ha permitido a La Sexta emitir en directo la detención en una edición especial del programa Al Rojo Vivo, que incluso adelantó este miércoles más de dos horas su horario de emisión habitual.
Este hecho, unido a la imputación de Francisco Marhuenda, director de La Razón, y de Mauricio Casals, presidente del mismo diario, ha convertido esta operación Lezo no sólo en una operación judicial y policial, sino en una maniobra política y mediática. Así, lo que bien puede ser una encomiable lucha contra la corrupción ha derivado en un artero intento de impedir que Esperanza Aguirre pueda optar a la Alcaldía de Madrid o incluso desbancar a Cifuentes como presidenta de la Comunidad. Desde luego, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, no ha tardado un minuto en proponer al PSOE y a Ciudadanos una moción de censura contra la actual presidente madrileña, a pesar de haber sido ella, en gran medida, la que ha promovido este combate judicial contra la corrupción. Otro tanto se puede decir del acorralamiento que ha sufrido Aguirre y del vacío que le ha hecho su propio partido, a pesar de que ha dado reiteradas muestras de que no le tiembla el pulso a la hora de destituir a quienes han abusado de su confianza.
Si a todas estas consideraciones extrajudiciales se une el hecho de que el mismo sistema de administración de justicia, que debería centrase en la lucha contra la corrupción, es extremadamente lento a la hora de disipar las responsabilidades penales y está fuertemente politizado, se comprenderá que todas estas operaciones hayan de ser valoradas con gran precaución y escepticismo.