Las últimas sesiones del juicio celebradas contra el ilegal proceso secesionista liderado por Carles Puigdemont han servido para poner de manifiesto algo por otra parte por todos conocido, como es la determinación con la que los cabecillas del golpe, que a su vez eran los máximos representantes del Estado en Cataluña, perpetraron su largamente anunciada ilegal consulta secesionista del 1 de octubre de 2017, así como el grado de complicidad que le otorgaron sus subordinados mozos de Escuadra, así como el carácter organizado y violento de los tumultos que trataron de impedir que la policía nacional y la guardia civil cumplieran su obligación de hacer cumplir las leyes y los mandatos judiciales.
Si el ex delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha afirmado que llegó a contabilizar "entre 100 y 150 acciones" de tipo violento ante edificios públicos, tanto antes como durante la jornada de aquel 1 de octubre, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos ha relatado cómo agentes de los Mossos d'Esquadra llegaron incluso a espiar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante la jornada de votación del referéndum ilegal para entorpecer su labor.
No menos elocuentes fueron las declaraciones del lunes ante el Tribunal del ex secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, que llegó a declarar la "surrealista" impresión que le causó el hecho de tener que trasladarse en las visperas del 1-0 a coordinar con los mandatarios autonómicos y máximos responsables del golpe de Estado el dispositivo policial encaminado a impedir la celebración del referéndum ilegal que el propio Puigdemont había convocado. Para colmo, Nieto ha desvelado cómo el infame gobierno de Rajoy llegó a plantear a los golpistas la posibilidad de celebrar su desafío al Estado en forma de "referendum simulado" en las plazas o en lugares abiertos donde no se violentara la literalidad del mandato judicial que ordenaba impedir el 1-0 en los colegios electorales.
Por surrealista y escandaloso que sean todos estos capítulos –así como la ocultación que el gobierno de Rajoy hizo de las fotografías de los policías agredidos o del hecho de que los manifestantes separatistas pusieran fayri en la entrada de los colegios para que los policias se cayeran y pudieran ser pateados en la cabeza-, recordemos que fue Gobierno de Rajoy el que se negó a aplicar el articulo 155 dejando que llegara la fecha del 1 de octubre con los mandatarios golpistas al frente de la administración autonómica y al mando de los mozos de Escuadra.
A pesar de que el compromiso de los golpistas con hacer caso omiso a los que dijeran "Tribunales y Constituciones" era público y notorio desde que Artur Mas lo adquiriera a finales de 2012, Rajoy se negó a destituirlo incluso cuando los golpistas pusieron fecha y pregunta al primer referendum ilegal que se celebraría el 9 de noviembre 2014. Rajoy siguió sin activar la suspensión de la administración en rebeldía aun cuando sus nuevos mandatarios anunciaron, con muchos meses de antelación que volverían a perpetrar otra consulta secesionista a finales de 2017. Los golpistas pudieron así consumar su segundo gran desafío al Estado sin haber dejado de ser en ningun momento los máximos representantes del Estado en Cataluña pues esa es la condición que tienen como máximos mandatarios autonómicos.
La determinación de los golpistas sumada a la indecente y temeraria dejadez del gobierno de Rajoy (con el visto bueno de toda la clase política con representación parlamentaria) estaban conformando una "tormenta perfecta" que, llegado el 1 de octubre de 2017, podía ofrecer capítulos tan surrealistas y vergonzosos como los que se han relatado y ahora recordamos. Pero no dejan de ser consecuencia lógica de algo tan absurdo y temerario como que unos golpistas, públicamente comprometidos con la voladura de nuestro orden constitucional, siguiesen ostentado el poder al frente de una administración autonómica, único lugar desde donde prodrían financiar, organizar y celebrar los delitos que ahora se enjuician. Para evitar, que no para castigar, cosas mucho menos graves que estas, se introdujo en la Constitución española el articulo 155, copia literal de un articulo que también figura en la Ley Fundamental para la República alemana.
Lo peor es que lo que se permitió con Mas y con Puigdemont se sigue permitiendo con Quim Torra; lo mejor, que ya no son sólo Vox y UPyD los únicos partidos en mostrarse favorables a la suspensión de una autonomía mientras sus mandatarios sigan comprometidos con la voladura de nuestro ordenamiento constitucional.