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Los derechos humanos y el idioma

No existe el derecho a "vivir en catalán", como tampoco el de "vivir en castellano". La lengua que empleamos en nuestras relaciones con los demás es o debería ser una elección individual.

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El establishment político y mediático en algunas regiones de España ha establecido como un tabú intocable la dictadura lingüística que ejercen sus gobiernos autonómicos. Cualquier argumento en contra de la imposición se toma una muestra evidente de nacionalismo español, cuando no de fascismo, expulsando del discurso político aceptable a quienes se limitan a recordar los derechos individuales de quienes viven en Cataluña, Galicia, País Vasco, Valencia o Baleares; esos que los hacen ciudadanos y no meros súbditos.

De ahí que venga bien que un país como Estados Unidos incluya en su informe sobre España algunas de las denuncias contra los derechos lingüísticos de los ciudadanos españoles. Aunque se limite a un par de casos de los muchos que podrían denunciarse en nuestro país, no cabe duda de que sus redactores no tienen un interés político propio en el asunto. Tampoco es el primer año que se incluyen estos casos, lo que provocó que asociaciones nacionalistas protestaran y exigieran que el Departamento de Estado de EEUU denunciara también la imposibilidad de vivir en Cataluña sólo en catalán. Petición que, como es lógico, no ha atendido.

No existe el derecho a "vivir en catalán", como tampoco el de "vivir en castellano". La lengua que empleamos en nuestras relaciones con los demás es o debería ser una elección individual: pretender que se garantice el "derecho" de que a lo largo del día utilicemos sólo una supone imponer una obligación a los demás de emplear un idioma concreto. El mal llamado derecho a vivir en catalán no es más que una forma más agradable de presentar en sociedad el proyecto totalitario de prohibir hablar en castellano.

Ese falso derecho está imponiéndose poco a poco. La manifestación más antigua son las desgraciadamente famosas multas impuestas por quienes en su propiedad deciden atender a sus clientes sólo en castellano: si eso les hace perder clientes catalanoparlantes, es cosa suya; ningún Gobierno tiene derecho a imponerles cómo llevar su negocio. Como si desean hacerlo sólo en chino. Recientemente, el Parlamento catalán ha decidido obligar a las productoras a doblar sus productos al catalán; una normativa que tiene como antecedente directo la orden ministerial de la España franquista que obligaba al doblaje en castellano de todas las películas.

Otra cosa distinta es el ámbito público, que todos pagamos y que debe servir a todos. Los distintos gobiernos no deberían discriminar, como hacen, a miles de ciudadanos a la hora de elegir la lengua en la que educan a sus hijos, ni a quienes osan dirigirse a la Administración autonómica de turno en la lengua común, entre otros muchos atropellos.

Los idiomas no tienen derechos: los tienen las personas. Y sólo podemos llamar derecho a aquello que no atropella la libertad de los demás. No existe, por tanto, el derecho a vivir en una lengua determinada, pero sí a que la Administración pública no discrimine por razón de idioma. En España los derechos de millones de ciudadanos son conculcados sistemáticamente, y denunciarlo supone enfrentarse a una etiqueta de anticatalán o antigallego a quien se atreva a cometer la felonía de defender la libertad. Bien está que se enteren en Estados Unidos, pero lo realmente importante es que muchos ignorantes voluntarios se enteraran aquí en España.


 

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