El sectarismo y la violencia unen los dos grandes proyectos políticos de José Luis Rodríguez Zapatero para esta legislatura. El primero, fracasado, aunque mantenido en barbecho en espera de un hipotético segundo mandato, ha sido la negociación con ETA, el proceso de rendición del Estado de Derecho a la voluntad de los terroristas. El segundo, en vías de ser aprobado en el Congreso, es la Ley de Memoria Histórica, una de cuyas consecuencias es que las familias de 33 etarras podrían acogerse a las ayudas que ésta prevé para las "víctimas del franquismo".
Semejante disparate es consecuencia inevitable de una ley que trata la historia como si fuese un relato de peli del oeste, con sus buenos y sus malos; los buenos buenísimos y los malos malísimos. Así, al reivindicar sólo a los de un bando como víctimas, la ley pinta con colores blancos y negros a todos los que tuvieron algún protagonismo en la historia reciente de España, y a los etarras y otros terroristas les ha tocado el blanco. El problema, claro, es que de este modo se legitima y justifica la violencia, siempre que fuera ejercida por el bando adecuado.
La Ley de Memoria Histórica parece haber sido creada para avivar la crispación y el desencuentro entre españoles, pintando a los padres y abuelos de buena parte de la población como los malos de una película en la que perdimos todos. No sólo por el rencor de quien no movió un dedo durante la dictadura, sino también por cálculo electoral, por intentar revivir el próximo marzo el clima con el que Zapatero movilizó a muchos votantes. El coste que esto pueda tener para la convivencia de la sociedad española le importa bien poco.
