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EDITORIAL

Los etarras y el temor al castigo

La certeza y el cumplimiento íntegro de las penas no es sólo un acto de justicia a la que tienen imperecedero derecho las víctimas, sino también la mejor forma de disuadir a los etarras que siguen en libertad y en situación de cometer nuevos atentados.

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La noticia de que nueve etarras, que cumplen condena en la prisión alavesa de Nanclares de Oca, disfrutan de beneficios especiales consistentes en permisos de salida de 36 días al año, que podrían ampliarse a salidas todos los días del año para estudiar o trabajar, ha causado, según la CEP, una "honda preocupación en la policía"; una preocupación que también está justificada si tenemos en cuenta las desvergonzadas declaraciones de Rubalcaba, en las que el ministro niega la condición de etarras a dichos presos con la excusa de una supuesta "petición de perdón a las victimas" y de una no menos supuesta "condena de la violencia".

Decimos "supuesta" porque no existe constancia pública de dicho arrepentimiento. De hecho, el informe solicitado al Ejecutivo por el Sindicato Unificado de Policía sobre cada beneficio penitenciario, en el que se señale el nombre del terrorista, las indemnizaciones que ha satisfecho y el documento en el que conste su arrepentimiento y petición de perdón ha sido denegado por el ministro Rubalcaba con el bochornoso argumento de que "hablar de estos temas no beneficia a nadie".

Por otra parte, aunque ese arrepentimiento se hubiera efectivamente producido y las indemnizaciones por responsabilidad civil se hubieran satisfecho, eso no borra el hecho de que los veinte asesinatos por los que fue condenado Luis Maria Lizarralde –por citar a uno de los presos beneficiados– fueron perpetrados por un criminal que pertenecía y actuaba en nombre de ETA.

Que el manido y mal aplicado argumento del "palo y la zanahoria" no lleve a nadie a engaño: claro que la política penitenciaria puede y debe servir para debilitar a la banda terrorista. Pero si sirve es porque la certeza y el cumplimiento íntegro de las penas no es sólo un acto de justicia a la que tienen imperecedero derecho las víctimas, sino también porque es la mejor forma de disuadir a los terroristas que siguen en libertad y, por tanto, en situación de cometer nuevos atentados. No es el arrepentimiento de los que están presos sino la disuasión de los que aun están en situación de atentar contra nosotros a lo que se debe dar prioridad. Y es que si no queremos que la "zanahoria" debilite la disuasión que procura la certeza y la severidad del "palo", los beneficios penitenciarios sólo se deben conceder a aquellos que han hecho no sólo un público e incuestionable acto de arrepentimiento por sus crímenes pasados, sino también una oferta de colaboración para detener y en su caso condenar a los que todavía empuñan la pistolas. Ese fue el caso de Soares Gamboa, uno de los pocos casos de etarras arrepentidos en los que los beneficios penitenciarios no han sido contraproducentes para la lucha antiterrorista. Lo demás es dejar las llaves de la cárcel al condenado y, por tanto, anular la disuasión que debe conllevar la pena de prisión.

Ante un Gobierno con la trayectoria que ha tenido el de Zapatero, que sigue en manos de los nacionalistas para poder sobrevivir, y que de la falta de transparencia en su política penitenciaria hace virtud, no podemos bajar la guardia. Hacerlo sería tanto como olvidar el pasado de los presos etarras a los que beneficia sin tregua.


 

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