Por mucho que los sindicatos se empeñen patéticamente en inflar –incluso a palos– el grado de seguimiento de la huelga de funcionarios celebrada este martes, lo cierto es que sólo el 11,8 por ciento de los mismos la han secundado. Y es que, pese a algunos retrasos en los trenes del AVE, la normalidad que ha reinado en términos generales en los servicios más demandados por los usuarios, especialmente colegios, transporte público y centros de salud, durante toda la jornada, no viene si no a confirmar los bajos datos de seguimiento ofrecidos por el Gobierno.
Las razones de este bajo seguimiento, a pesar del profundo y lógico malestar con el Ejecutivo de Zapatero por haber llevado a cabo la primera rebaja salarial de los funcionarios en la democracia, son varias.
En primer lugar, si hay un colectivo carente de legitimidad y de credibilidad para convocar y liderar una protesta contra el Gobierno, son precisamente los sindicatos que durante años han sido los principales cómplices de su nefasta e insostenible política económica. Los sindicatos no sólo "permanecían callados mientras el paro subía", tal y como acertadamente ha recordado el ex diputado de la Chunta Aragonesista, José Antonio Labordeta. Fueron además los principales aliados del Ejecutivo a la hora de negar la existencia misma de la crisis, su principal apoyo en afrontarla con medidas, no ya tardías, sino absolutamente contraproducentes como eran las del irresponsable incremento del gasto público, así como el principal obstáculo para la reinserción laboral de los parados mediante una profunda reforma de nuestro rígido mercado laboral.
Hay que tener en cuenta, además, que las cuantiosas e inmerecidas subvenciones a los sindicatos no han sufrido ahora recorte alguno (como tampoco lo han hecho las de los partidos políticos). Si estos y muchos otros recortes no llevados a cabo por Zapatero pueden llevar a los funcionarios a sentirse, junto a los pensionistas, como el "chivo expiatorio" de la crisis, parece, sin embargo, que entre la mayoría de ellos ha primado el sentido de la responsabilidad y la consciencia de que una huelga no es la forma adecuada para protestar en medio de una crisis tan aguda como la que padecemos.
Los funcionarios deben ser los primeros en ser conscientes, además, de que sus puestos de trabajo, a diferencia del de los demás, están a salvo de los embates de la competencia y de la crisis, y que, si bien es cierto que es la primera vez que sufren un recorte salarial, no es menos cierto que sus salarios subieron el año pasado muy por encima de la inflación: un 3% frente al 0,8% que lo hicieron los precios.
El hecho es que, en unos momentos en que los inversores dudan de nuestra solvencia para afrontar nuestra deuda, la única forma de recuperar la confianza pasa, no por mayores impuestos, tal y como demagógicamente claman las consignas sindicales, sino por una mucho más drástica reducción del gasto, que no afecte en exclusiva a pensionistas y funcionarios.
Sería necesario recortar, o mejor suprimir, las subvenciones a los sindicatos en los nuevos y mucho más ambiciosos ajustes que requiere nuestra economía y que ya nos reclaman nuestros socios europeos. Y no sólo por esta razón, sino también por la rémora en la que, al margen de la coyuntura, se han convertido los sindicatos para los trabajadores y para la creación de empleo. Por no servir, no sirven ni para protestar de forma responsable contra un Gobierno que se lo tiene bien merecido.
En definitiva, que por mucho que desde CCOO y UGT hayan exigido al Gobierno que "tome nota" de la huelga, visto su escaso seguimiento, los que deberían tomar buena nota de ello y de su paulatino descrédito son los sindicatos.