El Tribunal Supremo ha dado por finalizada la instrucción de la causa abierta contra 18 dirigentes del separatismo catalán por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia, y en consecuencia iniciado los trámites necesarios para la celebración de la vista oral, que previsiblemente tendrá lugar en pocas semanas.
Es éste un paso más de la Justicia en uno de los casos más graves de la democracia, por cuanto supone juzgar las responsabilidades de numerosos dirigentes políticos, incluidos altos cargos de la Generalidad, comprometidos con la destrucción orden constitucional a través de un proceso de secesión pergeñado desde el propio Gobierno regional de Cataluña.
Los máximos responsables del golpe se verán, pues, muy pronto en el banquillo de los acusados, enfrentados a penas que pueden superar los veinte años de cárcel; penas acordes con la gravedad de los delitos que se les imputan y su inicua traición a la Nación.
El separatismo va a hacer todo lo posible por evitar que los golpistas reciban el castigo que merecen. Su estrategia será llevar al resto de Europa sus protestas callejeras contra los jueces y tribunales españoles, a los que acusa de estar al servicio de un Estado fascista. Así lo anunció este sábado un exalto cargo de la Generalidad, exterrorista de la infame organización Terra Lliure, que, con la grandilocuencia ridícula y delirante tan habitual de esta yunta de fanáticos, advirtió de que los liberticidas iban a montar "la movilización más grande de la historia de la Humanidad".
Los separatistas catalanes quieren, sí, internacionalizar el conflicto, que dirían sus precursores etarras. Lo peor es que España padece ahora un Gobierno que les debe el poder y que se desvive por complacerlos. Un Gobierno infame del que cabe temer lo peor y que puede hacer a España un daño tremendo también en el exterior.