Este domingo, el Parlamento autonómico de Cataluña ha investido presidente de la Generalidad al hasta ahora alcalde de Gerona Carles Puigdemont, muy bien relacionado con la CUP, la Batasuna catalana, y caracterizado por su virulento discurso antiespañol, que le ha llevado incluso a clamar por la expulsión de los catalanes que se sienten españoles, a los que él denomina "invasores".
Con el encumbramiento de este grotesco fanático, el secesionismo da una vuelta de tuerca más a su golpe de Estado en curso y aboga abiertamente por la confrontación, término que utiliza con fruición el nuevo gobernante regional, que ha prometido "coraje" para demoler el Estado de Derecho y romper España y, por ende, Cataluña.
Como Artur Mas y la infame CUP que lo ha aupado, Puigdemont es otro producto tóxico del nacionalismo catalán, esa auténtica maldición que está destrozando el Principado institucional, cultural, económica y socialmente hablando. Golpistas confesos, su brutal manera de violentar la legalidad y la sociedad catalanas deja bien a las claras el odio feroz que albergan hacia la Cataluña real, a la que están haciendo vivir horas dramáticas y poniendo en ridículo dentro y fuera de España.
Por su parte, y en comparecencia extraordinaria desde La Moncloa, el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, afirmó que "no se va a abrir un proceso constituyente al margen de la ley" y prometió que no le faltará "determinación" para defender la Nación. El proceso constituyente del que habla como futurible ya está en curso, es un auténtico golpe de Estado públicamente advertido y proclamado, y esa "determinación" de que blasona ha brillado por su ausencia durante todo este tiempo, lo que ha hecho que los golpistas hayan ido quemando impunemente etapas hasta llegar hasta este ominoso momento, en que un presidente autonómico se ha juramentado para volar el Estado de Derecho en el plazo de 18 meses.
Los golpistas no se paran en barras, los golpistas siguen adelante. Ha llegado la hora de detenerlos de una vez, con toda la fuerza de la ley del Estado democrático de Derecho que quieren dinamitar, precisamente, por su condición de garante de los derechos y libertades de todos los catalanes y los demás españoles. PP, PSOE y Ciudadanos no pueden perder un minuto más de tiempo.