El Tribunal Constitucional ha hecho público este miércoles una sentencia que estima el recurso presentado por el Gobierno central contra el artículo 4 de la reforma de la ley de la Agencia Tributaria de Cataluña, que planteaba la integración voluntaria de los funcionarios que prestan servicios en este organismo en los cuerpos superiores de inspectores tributarios y técnicos de gestión de la Generalidad.
Dado lo difícil que lo tendría la Generalidad para arrastrar a los funcionarios al terreno de la ilegalidad, no ha de negarse que el fallo del Alto Tribunal va a entorpecer enormemente la manifiesta voluntad del Gobierno y del Parlamento regionales de Cataluña de erigir una Hacienda propia destinada a recaudar todos los impuestos que se generen en el Principado. Con todo, hay que dejar constancia de que la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, ha tardado bien poco en manifestar que la agencia tributaria propia, a pesar del fallo del Constitucional, "sigue adelante con toda la fuerza".
No menos destacable a la hora de calibrar la transcendencia que pueda tener este pronunciamiento del TC es recordar lo que dice la última resolución secesionista probada por la Cámara autonómica, cuyo punto 5 claramente insta "la tramitación de las leyes del proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública". Eso, por no hablar del punto 6, que dice: "Este Parlamento y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional".
Se dirá que dicha resolución secesionista ya ha sido tumbada por el Constitucional en una reciente sentencia. Pero también se puede alegar que fue despreciada por los sediciosos con la misma celeridad con que lo han hecho con la de ahora.
Así las cosas, en lugar de recurrir un artículo, por decisivo que sea, más le valdría el Gobierno coger el toro por los cuernos y suspender la autonomía, también como forma de evitar que el Fondo de Liquidez Autonómica siga permitiendo a los secesionistas desviar fondos propios al denominado proceso de construcción nacional.
Las ridículas condiciones planteadas por Cristóbal Montoro a la Generalidad para entregarle más de 3.000 millones adicionales provenientes del FLA –una aclaración contable de una partida de gasto de 2013 o un certificado que acredite que los fondos que ahora se entreguen van a ser destinados a las competencias que la Generalidad tiene asignadas– no suponen más que un maquillaje de una financiación, indirecta pero decisiva, de todo el proceso secesionista.
En esta vida nada es gratis, y el costosísimo e ilegal proceso secesionista en el que está embarcada la Administración catalana desde 2012 obviamente no lo están pagando los gobernantes autonómicos de sus bolsillos, sino el contribuyente. El hecho de que la Generalidad acredite que los fondos extraordinarios recibidos del FLA van destinados a sanidad o cualquier otra partida legítima sólo acredita que los recursos propios de la Administración regional, que deberían haberse destinado a esas partidas, han sido desviados hacia otra parte.
Si los nacionalistas hubieran hecho un público y solemne repudio de sus ilegales proyectos de ruptura, se entendería que, a partir de entonces, tuvieran que acreditar que no siguen destinando dinero a lo que de palabra dicen haber renunciado. Pero si los no renuncian al golpe de Estado y su voluntad de ruptura sigue siendo tan manifiesta como hace tres años, toda exigencia contable por parte de la Administración central lo que deja en evidencia son las ganas de seguir utilizando el FLA como forma de evitarles la suspensión de pagos.
Vista la timorata renuencia del Gobierno a hacer cumplir la ley en Cataluña y a hacer pedagogía de lo que está ocurriendo allí, a nadie debería extrañar que los farmacéuticos catalanes, a los que la Generalidad debe tanto dinero, terminen por creer que todo se debe al infecto "España nos roba".
En cualquier caso, los golpistas no tienen derecho a ninguna agencia tributaria propia ni, menos aún, a los fondos de la Hacienda española.