Todo el mundo puede intuir las razones por las que, tras la dimisión de Eduardo Torres Dulce como fiscal general del Estado (diciembre de 2014), el Ministerio Público se dedicó a retirar del escrito inicial de acusación contra los golpistas del 9-N todos los cargos que conllevaran penas de cárcel. Bien fuese motu proprio, bien fuese para allanar servilmente el camino a lo que poco más tarde se conocería como operación Diálogo –a cargo de Soraya Sáenz de Santamaría–, el hecho vergonzosamente cierto es que el la Fiscalía fue paulatinamente retirando los cargos de usurpación de funciones judiciales y malversación de fondos públicos contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, lo que desembocó en un injusta sentencia que ni castigaba ni disuadía a los responsables de esa primera consulta secesionista.
Llegados al juicio de lo que no deja de ser la segunda fase del proceso subversivo inaugurado en la Diada de 2012, queda clara la razón por la que se ha omitido en el escrito de acusación de la Abogacía del Estado contras los máximos responsables del 1-O –y de la posterior declaración unilateral de independencia de Cataluña– toda referencia a la violencia que pueda implicar un delito de rebelión como el que sí sostienen que se produjo tanto la Fiscalía como la acusación popular, ejercida por Vox. Esta razón es no es otra que la orden expresa dada por la abogada general del Estado, Consuelo Castro, tal y como ha desvelado en esRadio el exjefe del Departamento Penal de la Abogacía del Estado, Edmundo Bal, quien se negó a estampar su firma en un escrito que "decía la verdad pero no toda la verdad".
Nuevamente cabe preguntarse si la razón por la que Castro exigió la supresión de toda referencia a la violencia –hasta en 23 ocasiones está presente, sin embargo, en el escrito de la Fiscalía– obedece a una ceguera voluntaria por parte de esta ardorosa defensora de la liberticida normalización lingüística del gallego en el ámbito de la Justicia o si más bien es que trata de avenirse a las posiciones de Pedro Sánchez, quien, una vez aupado a la Presidencia del Gobierno por las formaciones secesionistas, dejó de ver el delito de rebelión en el proceder de los golpistas.
En cualquier caso, y con independencia de a qué sea debido, el hecho cierto es que resulta una vergüenza que la Abogacía del Estado no haya querido ver la violencia desatada por los golpistas, que todos los españoles pudieron contemplar por televisión y que los testimonios que se están escuchando en el juicio no hacen otra cosa que recordar.
Con todo, por bochornosa que sea esta ceguera voluntaria del Gobierno y de la Abogacía del Estado, todavía resulta mucho más grave y mucho más efectiva la nada velada disposición de los socialistas de recurrir al indulto como forma de garantizar la impunidad a quienes han tenido y quieren seguir teniendo como socios de gobierno.