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Los políticos apuntalan una estafa

La clase política se empeña en apuntalar un ineficiente y coactivo sistema de reparto cuya única forma de hacerlo sostenible es mediante paulatinos perjuicios a sus supuestos beneficiarios.

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La comisión del Pacto de Toledo ampliará la base de cálculo de las pensiones de 15 a 20 años. Así, al menos, lo ha anunciado la diputada socialista Isabel López Chamosa, quien ha asegurado que "es uno de los consensos que hay, porque no perjudica a nadie".

De confirmarse la noticia, los políticos ciertamente no se verán perjudicados, pues gozan del privilegio de poder retirarse con la pensión máxima cotizando tan sólo siete años. El resto de ciudadanos, sin embargo, sufriremos una rebaja media en las pensiones que ronda el 5 por ciento.

La razón de fondo de esta reforma es que el sistema público de pensiones está en quiebra, en el sentido de que ya no puede atender sus compromisos: con las cotizaciones de los trabajadores presentes ya no se va a poder abonar las actuales pensiones, por lo que es obligado incrementar esas cotizaciones, retrasar coactivamente la edad de jubilación, reducir la cuantía de las pensiones, o combinaciones de las tres medidas antes descritas.

Descartado un incremento de las cotizaciones por su efecto letal para el empleo, y aparcada (de momento) el retraso de la jubilación a los, al menos, 67 años, parece que la clase política, empeñada en sostener este sistema piramidal que sólo es sostenible mediante paulatinos perjuicios al ciudadano, ha optado por una reducción de la cuantía de las pensiones. Y es que, dado que la inmensa mayoría de los trabajadores cobran más según avanzan en su carrera laboral, la ampliación de la base de cálculo de los 15 a los últimos 20 años de cotización no es otra cosa que una encubierta reducción generalizada en la cuantía de las pensiones.

En lugar de acometer una auténtica reforma que suponga la paulatina transición a un sistema de capitalización en el que el ciudadano conserve la propiedad de lo que ahorra, se beneficie de los intereses que genere y decida libremente a qué edad se jubila, la clase política se empeña en apuntalar un ineficiente y coactivo sistema de reparto cuya única forma de hacerlo sostenible es mediante paulatinos perjuicios a sus supuestos beneficiarios.

Incapaz de crear empleo y de reducir el gasto público, requisitos esenciales tanto para transitar a un sistema de capitalización individual como para posponer algún tiempo más el problema que constituye el sistema público de pensiones, el Gobierno no tiene más remedio que afrontarlo ya, aunque sea con parches como éste. Dado que ningún partido político tiene la valentía de plantear el debate en sus auténticos términos, no será el último recorte que nos espera. El coactivo retraso en la edad de jubilación está a la vuelta de la esquina.


 

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