El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha anunciado este jueves que la organización proetarra Bildu apoyará los Presupuestos Generales del Estado. Poco después, el líder de Sortu y parlamentario de EH Bildu Arkaitz Rodríguez ha afirmado que su partido acudirá a la capital a “tumbar definitivamente" el orden constitucional.
Lo cierto es que los herederos de ETA, los que siguen aplaudiendo y homenajeando a los asesinos, los que jamás han renegado de del historial de extorsiones, secuestros y asesinatos de la banda terrorista, siempre han sido sinceros respecto a sus intenciones: quieren acabar con España y con la democracia. Lo novedoso es que consideren que unos PGE son un paso adelante en ese camino.
Con su proverbial engolamiento de pega, José Luis Ábalos ha declarado sin vergüenza que es "incomprensible" que un partido político "esté en el Parlamento" y "no se normalice su actuación". En estos tiempos de tanta memoria histórica, llama la atención que la del secretario de Organización del PSOE sea tan magra: eso es lo que se ha hecho durante muchos años con los partidos proetarras, línea roja que ningún partido de Gobierno se había atrevido a cruzar y de la que el propio Sánchez se había alejado en anteriores ocasiones. En el colmo de la ignominia, Ábalos olvida que esa no normalización es el tratamiento que su partido y su Gobierno aplican a Vox, formación con un historial democrático inmaculado y que cuenta entre sus dirigentes y fundadores a notorias víctimas del terrorismo etarra.
Resulta inaudito y extraordinariamente preocupante que España se haya convertido en un país en el que hay que explicar que no se puede aceptar el crimen y que no se pueden tolerar ni la violencia política ni a los que un día la practicaron y no han mostrado el menor arrepentimiento. Pero así es y, aprovechándose de ello, el PSOE, el mismo partido que montó una banda terrorista desde el Gobierno para enfrentarse criminalmente a los crímenes de ETA, pacta ahora con sus herederos de la banda terrorista la dirección política del Estado y se embarca en el proyecto de demolición de la Nación y el orden constitucional que representa Bildu.
Parecen acciones diametralmente opuestas, pero en realidad tienen denominadores comunes: la falta absoluta de escrúpulos, de respeto por la Ley y por las normas morales básicas de una democracia, la sensación de impunidad total. En resumen: la inmoralidad más absoluta.