Los sindicatos de la enseñanza se manifestaron este sábado por las calles de Madrid para protestar por los recortes que, a su juicio, están llevando a cabo las administraciones autonómicas gobernadas por el Partido Popular, al que acusan de estar realizando oscuras maniobras para perjudicar a la educación pública.
A tenor de la situación de la educación estatal española según todos los indicadores, cabría entender que los sindicatos de enseñanza se manifestaran reiteradamente exigiendo cambios legislativos y pedagógicos para sacar a la educación pública de la sima en la que lleva varias décadas, las mismas que han transcurrido desde que el primer gobierno socialista hizo su reforma educativa. Pero a los representantes sindicales el estado de la enseñanza pública les debe de parecer espléndido, salvo por el hecho de que, a consecuencia de la crisis, las administraciones están racionalizando también los fondos que dedican a este sector.
Si el funcionamiento correcto de un servicio público como la educación estatal depende fundamentalmente del presupuesto asignado, los defensores de la educación pública deberán explicar por qué los países que se sitúan en lo más alto del ranking de la calidad educativa gastan mucho menos que España en todos los tramos de la educación obligatoria.
La contundencia de los datos comparativos y la realidad del desastre educativo que padece nuestra educación estatal son argumentos suficientes para formular una severa crítica a unos sindicatos que, con gran perjuicio de los alumnos, persisten en sus convocatorias de huelgas y manifestaciones especialmente en las regiones gobernadas por el PP, lo que sugiere una motivación más cercana a la política –el 20-N está ya muy cerca– que a una preocupación sincera por el estado de un servicio claramente depauperado por culpa los correligionarios de la mayor parte de los que organizan estas algaradas.
Los sindicatos de enseñanza se han revelado, con esta actitud contestataria, como un obstáculo más para conseguir algún día que la educación pública sea el servicio que quiere y merece para sus hijos la inmensa mayoría de los contribuyentes. Especialmente los que no pueden llevarlos a colegios privados de lujo, como hacen muchos de los que se desgañitan en esas manifestaciones, por fortuna, cada vez menos numerosas.