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EDITORIAL

Los socialistas, con los separatistas contra la Corona y la Justicia

Los socialistas son capaces de las mayores fechorías con tal de mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa.

Un día después de que el Gobierno saliera en defensa de los indultos a los golpistas del 1-O al tiempo que atacaba a Don Juan Carlos por su conducta "poco ejemplar", los socialistas dieron nuevas muestras, aún más elocuentes, de hasta qué punto han hecho suya la lucha de los separatistas contra la Corona y el orden constitucional. Y es que respaldaron en el Senado la proposición de los separatistas de ERC y los proetarras de Bildu para despenalizar las calumnias e injurias contra la Corona y los ultrajes a España, mientras que en el Parlamento regional de Cataluña apoyaron la pseudoproposición de ley con que los separatistas pretenden dar apariencia de legalidad a su desobediencia de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a que al menos un 25% de las horas lectivas se impartan en castellano en los centros educativos del Principado.

Respecto a lo primero, resulta indefendible que el PSOE, manteniendo en el Código Penal como delitos las injurias y calumnias dirigidas a cualquier ciudadano (artículos 205 y 208), pretenda, sin embargo, privilegiar con la impunidad a quienes injurien o calumnien al Jefe del Estado. Los ordenamientos jurídicos que tipifican como delitos las injurias y las calumnias no sólo penalizan también las dirigidas contra el Jefe del Estado, sino que lo hacen con mayor severidad atendiendo al cargo y representatividad de tan alta autoridad. Esa esa es la razón por la que en el Código Penal español estos delitos, como muchos otros dirigidos contra el Rey o sus familiares, se tratan más severamente en capítulo aparte, "Delitos contra la Corona".

Más grave si cabe es la decisión de los socialistas catalanes de sumarse a los separatistas en una proposición de ley que –tal y como sucediera con las llamadas leyes de desconexión del 6 y el 7 de septiembre de 2017– no busca sino dar una burda apariencia de legalidad a su proclamada intención de no cumplir la sentencia del TSJC que estipula que los estudiantes catalanes puedan recibir al menos el 25% de las horas lectivas en castellano, lengua materna de la mayoría de la población de Cataluña.

Si hubiera una Fiscalía General del Estado verdaderamente independiente, ya habría presentando una denuncia por desobediencia e incluso por prevaricación contra los promotores de esta proposición clamorosamente ilegal, así como contra los máximos representantes del Parlamento regional por haberla admitido a trámite.

Todo esto no hace sino poner una vez más de manifiesto que el proceso separatista sigue su curso y hasta qué punto los socialistas son capaces de las mayores fechorías con tal de mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa.

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