La política económica que ha puesto en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy desde su llegada al poder está llena de contradicciones. La última es el recurso de inconstitucionalidad que aprobó este viernes el Consejo de Ministros contra el euro por receta que se viene aplicando en la Comunidad de Madrid desde el pasado día 2. Según explicó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, la medida que ha puesto en marcha el Ejecutivo de Ignacio González "vulnera el principio de igualdad" de los españoles a la hora de acceder a la prestación farmacéutica y, además, viola competencias estatales. Curiosamente, Moncloa esgrime los mismos argumentos que ha empleado el PSOE para fundamentar su particular recurso contra la tasa madrileña. Es decir, Génova y Ferraz coinciden a la hora de tumbar una política sanitaria cuyo único objetivo es recortar el desmedido gasto farmacéutico para tratar de cuadrar las cuentas.
La decisión del Ejecutivo constituye un error por diversos motivos. En primer lugar, porque contradice la estrategia del propio Ministerio de Sanidad. No obstante, el departamento que dirige Ana Mato implantó el pasado julio un copago farmacéutico que, por primera vez, obliga incluso a los pensionistas a pagar un porcentaje del medicamento. ¿El motivo? El mismo que arguye Madrid para aplicar el euro por receta: corregir el consumo abusivo y, por tanto, innecesario de medicamentos a costa de un erario público depauperado. Y la cuestión es que la medida ha sido todo un éxito, ya que el gasto en recetas ha caído en más de 800 millones de euros en apenas cuatro meses. En este sentido, la misma Mato defendió el pasado noviembre en el Congreso la necesidad imperiosa de esta reforma para reflotar un sistema de salud "en quiebra", con una deuda a proveedores próxima a los 16.000 millones de euros.
Pero es que, además, el Gobierno olvida que el actual sistema de financiación territorial castiga especialmente a Madrid, hasta el punto de que este año recibirá casi 1.000 millones de euros menos que en 2012. Puesto que el grueso del gasto regional se concentra en sanidad, educación y servicios sociales, el Gobierno de Ignacio González, en línea con su compromiso con la austeridad y el equilibrio presupuestario, se ha visto obligado a adoptar nuevos mecanismos de ahorro, evitando en cualquier caso la contraproducente subida de impuestos De ahí, precisamente, el euro por receta o el plan para privatizar la gestión de varios hospitales. El recurso de Moncloa, sin embargo, castiga a Madrid "por querer gastar menos", tal y como advierte el consejero de Sanidad autonómico, Javier Fernández Lasquetty.
Por otro lado, a diferencia de lo que afirma el Gobierno, Madrid está actuando dentro de sus competencias, ya que la gestión sanitaria –incluido el gasto farmacéutico– está transferida a las comunidades autónomas. Por si fuera poco, sorprende la actitud adoptada por Moncloa con el Gobierno madrileño en comparación con Cataluña, que también introdujo el euro por receta. No en vano el Ejecutivo de Rajoy estuvo negociando dicha tasa durante seis meses con la Generalidad antes de interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional, algo que no ha sucedido en el caso de la comunidad madrileña.
La solución a los graves problemas financieros que atraviesa el sistema público de salud no consiste en rechazar las fórmulas de ahorro y racionalización del gasto que plantean regiones como la de Madrid sino, por el contrario, en flexibilizar al máximo la cartera de servicios básicos que impone el Estado para que cada autonomía pueda ajustar de la forma más conveniente posible sus gastos e ingresos sin que ello repercuta en la calidad de la prestación pública.