Acercamiento discrepante, así han calificado Gobierno y Generalidad de Cataluña, región "en proceso de construcción nacional", según reza su Estatuto de autonomía, el estado de las negociaciones entre ambas administraciones para llegar a un nuevo acuerdo de financiación. El actual impasse en el proceso que debería culminar con la aplicación del Estatut confirma lo que Rodríguez Zapatero y los suyos no quieren saber, o saben pero ocultan: el cumplimiento de las exigencias de los nacionalistas catalanes es, o bien imposible, o tan injusto que equivaldría a la violación de varios preceptos constitucionales.
En primer lugar, la exigencia de que el Estado central debe "garantizar la suficiencia de los recursos de la Hacienda de la Generalitat" siempre, incluso en casos de reducción de impuestos, coloca a esta región en una situación de excepcionalidad fiscal incompatible con la igualdad ante la ley consagrada en la Constitución. Este privilegio, inaudito en cualquier estado federal, divide a los ciudadanos españoles en dos grupos, los de primera, es decir los catalanes, y los demás.
Por si esto fuera poco, el Estatuto establece que la solidaridad de Cataluña con el resto de España se producirá "siempre y cuando" el resto de las comunidades autónomas "lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar". Además, los recursos que la Generalitat pueda aportar "deben establecerse atendiendo a sus necesidades de gasto". Esto es, que basta alegar gastos crecientes para que el Gobierno autonómico de Cataluña quede exento de cualquier obligación con los servicios que el Estado presta a todos los españoles. Es lógico que incluso el presidente del Gobierno haya optado por retrasar la puesta en marcha de un método de financiación que convertiría a la región catalana en receptora de cuantos fondos se les antoje a sus políticos sin dar nada a cambio.
Finalmente, la delirante exigencia de que "los mecanismos de nivelación no pueden alterar en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de rentas por (sic) cápita entre las comunidades autónomas" implica que por muy nefasta que sea la gestión de la Generalitat, o muy ineficientes que sean sus empresarios y trabajadores a la hora de generar riqueza, Cataluña disfrutará de una suerte de blindaje económico sufragado por todos los españoles.
No falta razón a quienes desde hace años vienen denunciando el expolio que una legislación así supone para los ciudadanos españoles que no residen en el Principado. En principio, nada hay que objetar a un sistema de financiación que responabilice a los gobiernos autonómicos de la gestión de sus prestaciones y servicios, ya que algo así incentivaría la eficiencia y la eficacia de las administraciones públicas y estimularía tanto la competición como la emulación entre las diferentes regiones a la hora de ofrecer a los contribuyentes más valor por menos dinero. Sin embargo, cualquier parecido entre esto y la ley del embudo de José Montilla es pura casualidad.
Según las encuestas, la mayoría de los catalanes apoya el modelo de financiación estipulado en su Estatuto de autonomía. No se dan cuenta de que tal sistema inhibe la responsabilidad, ahoga la innovación y convierte a los catalanes en meros súbditos de una Generalitat todopoderosa, más interesada en exprimir los recursos del Estado que en favorecer la creación de renta en su territorio. Montilla está dispuesto a matar a la gallina de los huevos de oro mientras Zapatero, tras el último acercamiento, no parece dispuesto a impedírselo.