Pocas afirmaciones políticas han resultado tan rotundamente desmentidas por los hechos como aquellas que hiciera el tan insaciable como incompetente ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, allá por el mes de agosto acerca de que el ilegal referéndum secesionista del 1 de octubre no se celebraría "por falta de presupuesto", dado que la Generalidad no le habría dedicado "ni un solo euro público". Pues bien, no sólo se perpetró en la fecha anunciada, sino que la mayor parte de los gastos,tal y como publicaron poco después los medios de comunicación remitiéndose a informes de la propia Policía Judicial, fueron costeados por el Gobierno regional catalán antes incluso de la convocatoria oficial de la consulta.
Si ya fue bochornoso que el ministro no presentara su dimisión y que ningún partido de la oposición se la reclamara, muchísimo más grave resulta que Montoro siga eludiendo su responsabilidad in vigilando en la financiación pública del procés a base de negar la existencia misma del delito de malversación en la actividad de los golpistas. Esto y no otra cosa han supuesto sus declaraciones a El Mundo, en las que asombrosamente ha insistido en afirmar que no se ha dedicado dinero del contribuyente a la referida consulta secesionista.
Con independencia de que pudiesen ser constitutivas de un delito de encubrimiento, las impresentables declaraciones de Montoro son sin duda un baldón para las acusaciones por malversación contra los golpistas presentadas por Vox y por la propia Fiscalía General del Estado, así como para la instrucción del juez Pablo Llarena. Eso, por no hablar de cómo pueden afectar al proceso de extradición de Carles Puigdemont, que ahora sólo descansa en la acusación por malversación que este ministro descalificable niega.
No es de extrañar que Llarena haya exigido a Montoro por medio de una providencia que informe a "la mayor brevedad posible" del "soporte objetivo" de unas declaraciones que tan frontalmente "contradicen las fuentes de prueba que figuran en la instrucción de la causa". El juez destaca además que varios de los procesados han utilizado las palabras del ministro en beneficio propio en las indagatorias celebradas el martes y el miércoles.
Llueve sobre mojado. Este diario ya lo advirtió hace cuatro años con ocasión de la edulcorada visión del 9-N que promovía Rajoy: "Quien rehúye su obligación de hacer cumplir la ley está abocado a ocultar la existencia del delito tanto como el que lo perpetra". Tras la dimisión de Eduardo Torres-Dulce, la Fiscalía General del Estado retiró la mayoría de los cargos contra los golpistas del 9-N, incluido el de malversación. Hoy de nada serviría que lo hiciera, gracias a la encomiable acusación popular que ejerce Vox. Con todo, ¿en qué quedarán estas acusaciones del partido de Santiago Abascal y de la Fiscalía contra los golpistas del 1-O, si son sometidas a descrédito por miembros destacadísimos del Gobierno sin que, por cierto, se oiga la más mínima queja por parte de la oposición?
¿Habrá tribunales en España capaces de sobreponerse a los sabotajes gubernamentales y poner punto final a la impunidad de los nacionalistas?