La irrupción de VOX en el Parlamento de Andalucía, las negociaciones para formar Gobierno en dicha comunidad autónoma y el bochornoso cerco a la Cámara regional durante la primera jornada de la sesión de investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla como nuevo presidente de la Junta han dejado en segundo plano el escándalo de la Administración Paralela del régimen socialista de Susana Díaz y compañía.
Tras años de opacidad, la Oficina del Portavoz del Gobierno regional publicaba hace escasos días un informe en el que afloraban hasta 3.405 empleados no contabilizados y 148 contratos de alta dirección en empresas y agencias públicas de los que tampoco se sabía nada. Más del 10% de los 270.101 empleados de la Junta –concretamente, 27.304– pertenecerían a esa Administración Paralela. Además, hay al menos otros 1.459 cargos de libre designación, lo que hace que Andalucía tenga más colocados a dedo que Cataluña, Galicia y Baleares juntas.
Así las cosas, lo más destacable y plausible de la segunda jornada de la sesión de investidura de Moreno Bonilla es que el líder del PP andaluz haya fijado como su más inmediato compromiso la realización de "una auditoría integral para saber el estado financiero de la Junta".
Este compromiso no debe quedar eclipsado por la campaña goebbelsiana de incitación al odio contra VOX –a cuyos representantes la fracasada Díaz ha tachado, sin vergüenza, de "herederos del franquismo"– ni por la acertada réplica del nuevo presidente regional a la ignorante profesora anticapitalista Teresa Rodríguez, que ha perpetrado un discurso tan insensato como nauseabundo. Es un compromiso urgente e ineludible que han de hacer propio los tres partidos que han investido a Moreno Bonilla.
A este respecto, si bien el líder regional naranja, Juan Marín, se ha comprometido con la "limpieza democrática", ha añadido que se hará "con moderación, sin radicalismos, sin populismos"... e insistido patéticamente en que el acuerdo del PP con VOX "no es vinculante" para Ciudadanos. ¿Quiere decir Marín que "eliminar todos los organismos superfluos y suprimir la administración paralela", tal y como literalmente aparece en el acuerdo PP-VOX, es "radical", "populista" y "no vinculante" para Cs? ¿Quiere decir que su formación se opondrá a "la auditoría de todos los organismos de la Junta" o a cuantas "comisiones de investigación sean necesarias para esclarecer y conocer la utilización de los fondos públicos de la Junta" por el hecho de que dichos compromisos también aparecen en el acuerdo PP-VOX?
Que los socialistas andaluces hayan gobernado la última legislatura gracias al apoyo de Cs no tiene por qué ser un impedimento para proceder a sanear una Administración carcomida por la corrupción y el caciquismo, para desgracia de Andalucía y de sus expoliados contribuyentes. Ese compromiso de limpieza democrática también aparece, aunque de forma más diluida y moderada, en el acuerdo de PP y Cs, y no puede ser desatendido por el injusto, indignante y, sobre todo, estúpido cordón sanitario que los de Marín quieren imponer a la formación del juez Serrano. Al fin y al cabo, acabar con esas infames redes clientelares no es muestra de populismo sino todo lo contrario: de firmeza y de compromiso auténtico con la regeneración democrática.