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EDITORIAL

Muerte de un dictador...

Si estos crímenes no justifican la actuación del gobierno que sustituyó a golpe de cañón, nada puede alegarse asimismo para justificar la dictadura de Pinochet y la violación sistemática de los derechos personales.

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No hay que esperar al juicio eterno de la Historia para saber que Augusto Pinochet merece la condena de quienes tienen algún aprecio por los derechos inalienables del Hombre. Hay que recordar cómo llegó al poder. Chile vivía entonces bajo el Gobierno de Salvador Allende, que experimentaba "la vía democrática al socialismo". Democrática por lo que se refiere a la llegada al poder, pero antidemocrática por su ejercicio. Pasó por encima del Estado de Derecho y cerró los periódicos que le resultaban molestos. Sometió la economía chilena a una dura socialización que llevó de inmediato al país al caos y extendió la miseria a marchas forzadas. Allende decía "esto no es el socialismo, pero es el camino al socialismo", en referencia expresa a "nuestro hermano mayor", la URSS.

Es en ese contexto cuando se produce el golpe de Estado liderado por Pinochet. Todo el juicio que podamos hacer sobre la vía allendista a la sovietización de la sociedad chilena no nos debe hacer perder de vista que Pinochet ejerció la tortura, el asesinato y toda laya de crímenes contra su propio pueblo, con el sectarismo, el odio y el desprecio por la vida humana y los derechos individuales como compañeros. Si estos crímenes no justifican la actuación del Gobierno que sustituyó a golpe de cañón, nada puede alegarse asimismo para justificar la dictadura de Pinochet y la violación sistemática de los derechos personales.

En la peor época de la dictadura, Pinochet utilizaba al Estado para atentar contra parte de los ciudadanos chilenos. Pero no sólo por lo que se refiere a la persecución política, sino también en la economía. Con la mentalidad militar del ordeno y mando, no por cierto lejana a la del socialismo, impuso un duro intervencionismo que no sólo no subsanó los males de la socialización, sino que continuó ahogando a aquella sociedad. Sólo cuando la catástrofe amenazó la misma estabilidad de la dictadura, y por meras circunstancias de la historia, cedió el dictador a abrir la mano que apretaba a la sociedad, al menos en la economía. Se produjeron entonces varias reformas que han cosechado un enorme éxito. Un claro ejemplo es la reforma de las pensiones, que sustituyeron un arruinado sistema público por otro de capitalización que está canalizando los ahorros de los chilenos hacia la prosperidad.

De otro lado, también resultaría incompleto un repaso de la ejecutoria del dictador si no recordáramos un hecho insólito en este tipo de regímenes: En la Constitución de 1980 decretó que nueve años más tarde el régimen se sometería a referéndum. No solo cumplió lo previsto, sino que aceptó la ajustada victoria de la coalición opositora, liderada por Patricio Aylwin. Por esa vía se produjo una transición desde la dictadura a la democracia que ha sido un rotundo éxito, ya que es de las más fuertes del continente. Es, precisamente, la fortaleza de esa democracia lo que hacía tan desaconsejable que se juzgara al ya ex dictador fuera de sus fronteras. Recuperados el Estado de Derecho y la libertad política de los chilenos, el país tenía el derecho y la responsabilidad de administrar sin injerencias foráneas el juicio del régimen de Augusto Pinochet.

Ha querido la casualidad que la muerte del dictador coincida con el día que se destina internacionalmente al recuerdo de las violaciones en el mundo de los Derechos del Hombre. Su régimen desapareció, pero el continente sigue albergando dictaduras en las que las personas están despojadas del más mínimo respeto a sus derechos, por lo que los amantes de la libertad siguen teniendo razones para recordar las virtudes de las sociedades libres.


 

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