La llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa contó con el apoyo de casi todos los grupos minoritarios en el Congreso de los Diputados. Sus le resultaban imprescindibles para abordar con éxito el proceso de investidura. Una vez instalado en el poder, y desechada la posibilidad de convocar elecciones anticipadas, Sánchez se dispone a pagar los peajes que asumió en las negociaciones para su elección como presidente del Gobierno. Después de chalanear con el separatismo catalán a cuenta del Estatut y los golpistas presos, ahora es el turno de los nacionalistas vascos.
Sánchez ha acordado con Íñigo Urkullu la creación de una comisión "bilateral y permanente" para el traspaso de competencias al Gobierno regional vasco y un grupo de trabajo sobre la normalización de la política penitenciaria y el acercamiento de los presos etarras a las cárceles vascas, vieja aspiración de los terroristas y sus grupos afines, que verían así alcanzado uno de sus objetivos más importantes.
Sánchez se dispone a desmantelar definitivamente una de las herramientas más efectivas de la lucha antiterrorista, que, para mayor escarnio, fue implantada por su partido en los tiempos de Felipe González, con Enrique Múgica y José Luis Corcuera, dos socialistas vascos, en los ministerios de Justicia e Interior. El propio Múgica reveló a Libertad Digital que el PNV fue partícipe de esta estrategia de dispersión, que posibilitó un mayor control de los etarras encarcelados y generó importantes tensiones en la banda y en su entorno.
Lo que pretende el presidente del Gobierno no es otra cosa que culminar el proceso de negociación infame y entreguista ante ETA iniciado por José Luis Rodríguez Zapatero y continuado por Mariano Rajoy. Para ello contará con la colaboración entregada de los peneuvistas, que han visto en Sánchez una inmejorable ventana de oportunidad para hacer avanzar su agenda antiespañola.