Pocas horas después de que las víctimas del terrorismo denunciaran la complicidad del Gobierno con los proetarras en el acto convocado por Bildu para homenajear al monstruoso asesino Henri Parot, un despreciable grupúsculo de provocadores con estética neonazi irrumpió en las calles de Madrid profiriendo insultos y amenazas homófobas. Los indeseables deambularon tranquilamente por las calles de Chueca, capital simbólica del movimiento LGTBI, mientras la Policía custodiaba el desfile, ajena a los evidentes delitos de odio que se estaban perpetrando en su presencia.
Tiene razón Santiago Abascal al sospechar que el Gobierno conocía la convocatoria de esa aberrante concentración neonazi y la autorizó porque convenía a sus intereses en un fin de semana aciago para Sánchez por el éxito de la concentración de las asociaciones de víctimas del terrorismo en Mondragón, donde los socios parlamentarios del socialista iban a homenajear a un despiadado asesino con decenas de muertes a sus espaldas.
Las razones de la delegada del Gobierno en Madrid, la inefable Mercedes González, suenan más a pretexto improvisado que a una explicación plausible. Y es que, si verdaderamente la lacaya de Sánchez fue sorprendida en su ignota buena fe por las entidades convocantes, que le habrían ocultado sus objetivos nazis y homófobos, lo apropiado es que hubiera ordenado a la Policía disolver la manifestación en vez de escoltarla.
Con cualquier otro Gobierno, cabría admitir un lamentable error de coordinación. Pero con Fernando Grande-Marlaska al frente del Ministerio del Interior, con su estupefaciente bagaje de navajas ensangrentadas, sobres con balas y agresiones homófobas fake, es harto difícil, y mucho menos arriesgado temerse una nueva y repulsiva orquestación.