El Tribunal Supremo investigará si Manuel Chaves y José Antonio Griñán tuvieron responsabilidades penales en el caso de los ERE, con permiso del de los Pujol el mayor escándalo de corrupción de la historia de la democracia española, tanto por el número de imputados como por su prolongación en el tiempo y, por supuesto, por las fabulosas cantidades que fueron distraídas de todo control y que, como no podía ser de otra forma, pasaron a manos de partidos, sindicatos e individuos tan poco recomendables como el infame Juan Lanzas o el no menos conocido chófer de la cocaína.
No hay que olvidar, en cualquier caso, que los tribunales decidirán sobre las responsabilidades penales, pero cosa muy distinta son las políticas que se deberían derivar de un hecho tan grave como que, durante muchísimo tiempo, la Junta de Andalucía mantuviese un mecanismo para generar dinero opaco con el que regar a empresas amigas, al PSOE andaluz y a gente próxima a los socialistas.
Una responsabilidad política que, además, alcanza al propio PSOE: después de un caso de corrupción de este calibre, cualquier partido político debería enfrentarse a un proceso de regeneración que aquél no ha abordado, por mucho que simule haberlo hecho. La propia presencia de la heredera de Chaves y Griñán, personaje clave en sus Gobiernos, es la mejor prueba de que no hay esa voluntad; pero es que, además, por mucho que su retórica vaya en la dirección contraria, lo cierto es que Susana Díaz no ha hecho nada ni por aclarar el caso ERE, ni por apartar a los afectados –algunos, generosamente recolocados en la Junta– ni por limpiar su partido.
También Pedro Sánchez se presenta como adalid contra la corrupción, y tampoco resulta creíble en este sentido: no sólo porque su poder en el partido es limitado y compartido con la presidenta andaluza, sino porque basta mirar a aquellos que lo han aupado a la Secretaría General –Bono, Blanco y la propia Díaz– para darse cuenta de que Sánchez puede borrar sus vocales en un pobre truco de marketing, pero no buena parte de lo peor del pasado reciente de su partido.
En definitiva, ni el desmoronamiento de un nefasto PP ni la irrupción del populismo chavista de Podemos deben hacer olvidar que el PSOE ha dado en las últimas décadas lo peor que un partido político podría dar a la sociedad española: desde el crimen de Estado hasta la corrupción al por mayor, pasando por la puesta en marcha de muchos de los mecanismos que han permitido la extensión de la corrupción por todo el territorio nacional y por la mayoría de los partidos, por ejemplo la politización de la Justicia.
Mucho tiene que cambiar el PSOE para ser una alternativa útil y recomendable, y todavía más para, como pretende, ser la solución a la corrupción, pues ha sido parte fundamental del problema.