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EDITORIAL

No es hora para la demagogia obrerista

Cabría preguntarse los derechos de qué trabajadores defiende una legislación laboral que tiende a proteger a los indefinidos a costa de la sangría de los temporales.

EDITORIAL
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Nuestra clase política ha heredado ciertos lenguaje marxista como muestra claramente siempre que apelan a los trabajadores. PP y PSOE hablan constantemente de que la reforma laboral debe preservar y proteger los derechos de los trabajadores, como si éstos se vieran amenazados por unos empresarios cuya única obsesión es despedirlos a las primeras de cambio.

Sin embargo, el colectivo de "los trabajadores" dista de ser una masa de autómatas con intereses perfectamente homogéneos. Al cabo, uno de los principales problemas de nuestro mercado laboral es el de la llamada dualidad: los trabajadores que llevan numerosos años en una empresa son demasiado costosos de despedir y tan pronto como vienen mal dadas el empresario opta por prescindir de los más jóvenes, por mucho más productivos que le puedan resultar. Así las cosas, cabría preguntarse los derechos de qué trabajadores defiende una legislación laboral que tiende a proteger a los indefinidos a costa de la sangría de los temporales. Más bien, habría sido más exacto hablar de privilegios de unos trabajadores sobre otros, aunque tal imagen habría distorsionado el maniqueísmo marxista al que son tan dados nuestros políticos.

Lo cierto, sin embargo, es que pocas cosas habrán hecho más daño a los trabajadores y a sus perspectivas económicas como este mito de que nuestros gobernantes deben protegerlos de sí mismos edificando una legislación laboral tremendamente rígida que actúa a la vez de barreras de salida y de entrada. El franquismo legó a la democracia un marco de relaciones laborales centralizado y alejado de las condiciones concretas de cada empresa y sector; los sindicatos de los trabajadores, por un lado, y los sindicatos de los empresarios, por otro, negocian las condiciones que deben imponerse a todas las compañías y a todos los trabajadores, lo que facilitaba ese ejercicio tan peligroso de establecer exigencias alejadas de la realidad. Ninguno de los gobiernos de la democracia, ni siquiera los presuntamente antifranquistas de izquierdas, se atrevieron a modificar en lo sustancial este marco (es más, se convirtieron en firmes defensores del mismo), lo que sirve para explicar por qué nuestro país tiene una tasa de paro estructural superior al 10% y sólo creamos empleo al crecer por encima de 2%.

En todo caso, el interés de los trabajadores exigía que la reforma laboral consistente en el abaratamiento del despido y en la eliminación de los convenios colectivos se hubiese acometido lo antes posible. Pero tanto el PP primero, echándose para atrás ante una fracasada huelga general, como sobre todo el PSOE después, subiéndose al carro del populismo obrerista en plena crisis, se cerraron en banda ante cualquier pequeño cambio. Cinco millones de parados después, ha sido Alemania la que ha tenido que imponer un poco de racionalidad al asunto. Alrededor de 30.000 millones de euros de nuestro déficit guardan relación con nuestra elevadísima tasa de paro: de nada servirá acometer recortes en el gasto si la economía sigue paralizada ante el masivo desempleo.

No deja de transmitir una pésima imagen de nuestro país que ahora al inmovilista PSOE le hayan entrado las prisas por aprobar una reforma laboral que de momento parece muy insuficiente y que el reformista PP esté planteándose seguir por el derrotero de sus peores críticas populistas al "tijeretazo" (que no eran las de Rajoy al exigir recortes adicionales, sino las de otros destacados dirigentes que se oponían a cualquier recorte "social").

Aunque sea complicado pedirle responsabilidad a nuestra clase política, pocas veces habrá sido más necesaria que en la coyuntura actual. El PSOE debería presentar este próximo miércoles una reforma que descentralice realmente las decisiones laborales y que extraiga de la discrecionalidad del juez la decisión sobre si un despido es improcedente o por causas objetivas (algo que la propuesta que entregó el viernes no logra); y el PP, por su lado, debería apoyar que la reforma vaya por el lado de la liberalización, sin que ello suponga un obstáculo para recordar que ha sido la obstinación socialista por no tocar el mercado de trabajo la que nos ha conducido a la situación actual.

En lugar de delegar sus tareas a Bruselas, PSOE y PP deberían empezar a gobernar y a ejercer de oposición a favor del ciudadano. Es decir, deberían olvidarse de sus prejuicios e intereses electorales y tomar las medidas que tanto unos como otros saben que resultan imprescindibles para tener alguna posibilidad de evitar el desastre nacional.


 

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