Ni siquiera había terminado la reunión de la Comisión de Secretos Oficiales y Gabriel Rufián ya estaba aireando su contenido en TV3. Minutos después, el de ERC reincidía en Twitter con un mensaje en el que daba detalles del encuentro en el que había participado por primera y es de desear que última vez.
Como bien han apuntado desde Vox y Ciudadanos, el comportamiento de Rufián no sólo es irresponsable y execrable, es que podría ser constitutivo de delito según el artículo 598 del Código Penal:
El que, sin propósito de favorecer a una potencia extranjera, se procurare, revelare, falseare o inutilizare información legalmente calificada como reservada o secreta, relacionada con la seguridad nacional o la defensa nacional o relativa a los medios técnicos o sistemas empleados por las Fuerzas Armadas o las industrias de interés militar, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años.
Además, el artículo 599 prevé que la pena se aplique "en su mitad superior" si el que desvela la información la posee "por razón de su cargo y destino" o si le da publicidad "en algún medio de comunicación social o de forma que asegure su difusión".
Como pueden ver, una descripción casi perfecta de lo que parece haber sido el comportamiento de Rufián, a pesar de lo cual no cabe albergar muchas esperanzas de que la Fiscalía cumpla con su obligación de perseguir delitos, todos oímos en su día "de quién depende" el Ministerio Público; y, aunque no lo hubiésemos oído, estaba clarísimo desde el momento en el que se entregó a un perro de presa sin escrúpulos como Dolores Delgado.
Pero más allá de las responsabilidades penales que pudieran derivarse del comportamiento de Rufián, hay unas responsabilidades políticas que no es necesario que ningún juez determine porque son evidentes y que ni mucho menos se circunscriben al portavoz de ERC. Aquí quien tiene la mayor responsabilidad política es una Meritxell Batet que es capaz de arrastrar el Congreso y arrastrarse ella misma por el lodo al dictado de su amo y es, sobre todo, Pedro Sánchez, que está dispuesto a traspasar todas las líneas rojas con tal de mantenerse en el poder y gobierna, por llamarlo de algún modo, como un niño de parvulario que es incapaz de comprender que sus actos tienen consecuencias.
Abrir la Comisión de Secretos Oficiales a aquellos que no tienen ningún respeto por las instituciones y cuyo mayor objetivo es destrozar España va a tenerlas, y van a ser muy graves: nuestro país va a quedarse, si no se ha quedado ya, fuera del circuito de datos de inteligencia esencial para, por ejemplo, prever y evitar atentados islamistas. No hace falta explicar las consecuencias que pueden derivarse, como es evidente que el coste que tiene para España y sus instituciones la permanencia de Sánchez en el poder es ya completamente inasumible.