Los partidos políticos no viven su mejor momento. Una y otra vez, las encuestas arrojan resultados demoledores sobre la confianza que suscitan entre la ciudadanía, harta del navajeo y el oportunismo de la vida política diaria, y humillada, ofendida e indignada ante los incontables casos de corrupción de que son protagonistas. Aparecen como moles con dinámica propia, desligadas de la sociedad y volcadas en la defensa y expansión de sus intereses, inmunes a la crítica y escandalosamente impunes.
No pueden seguir así, lisa y llanamente. No pueden seguir siendo fuerzas opacas, prácticamente impenetrables y blindadas al escrutinio ciudadano. De una vez por todas, los partidos deben cumplir con lo que les exige la Constitución, es decir, estructurarse y funcionar con criterios democráticos (art. 6), y hacer un esfuerzo extraordinario de transparencia y ejemplaridad, para recuperar el crédito merecidamente perdido.
Así las cosas, propuestas como la que acaba de hacer pública Esperanza Aguirre han de ser saludadas y alentadas. La presidenta del Partido Popular madrileño pretende aplicar el principio de un militante, un voto en los procesos de selección internos, a fin de quitar poder al aparato del partido y facilitar –o forzar– a los representantes populares a estar mucho más pendientes de sus representados; y a estos, a ser mucho más responsables y a abandonar el nefasto vicio de la desidia cívica.
Se trata de una empresa que no admite más dilaciones. Es mucho lo que está en juego. Los partidos, imprescindibles en un régimen de libertades, tienen que dejar de ser parte fundamental de buena parte de los problemas que nos aquejan.