En lo relacionado con la resurrección izquierdista de Francisco Franco y la vergonzosa campaña para exhumar sus restos mortales se echan en falta algunas voces que tendrían mucho que decir pero que guardan un silencio ominoso, no se sabe si porque real e imperdonablemente no entienden lo que de verdad está pasando o porque viven amedrentadas por la presión del coro mediático-político que ha hecho de este asunto, tantos años después de la muerte del dictador, un tema de rabiosa actualidad.
Destaca sobre todo el silencio de la Iglesia, probablemente la institución que tiene una deuda mayor con Franco y con aquellos que en 1936, con la República ya aniquilada por quienes luego tuvieron la desvergüenza de proclamarse republicanos, tomaron las armas, entre otras razones, para poner freno a una campaña de exterminio contra los católicos que ya había empezado antes de la guerra y que costó la vida a decenas de miles de religiosos, religiosas y simples creyentes, perseguidos tremenda con saña.
Es una monstruosa realidad histórica que no se quiere recordar, pero hay que hacerlo: de no haber perdido la Guerra Civil, los responsables de matanzas como la de Paracuellos –el peor de los crímenes masivos perpetrados durante la contienda– habrían seguido con lo que era un plan de sometimiento o exterminio contra la media España que se negaba a comulgar con sus ruedas de molino frentepopulistas.
Franco salvó a los católicos y salvó a la Iglesia, a la que tras la guerra confió la dirección moral del país, y en una importantísima medida la educación. Pero todo eso no ha bastado para que la actual jerarquía católica muestre la más mínima gratitud o, al menos, manifieste alguna protesta por la profanación de la tumba de Franco ni por el atropello que sufre una familia que no tiene la culpa de lo que fue o hiciese el dictador.
Otro silencio clamoroso es el del centro-derecha –excepción hecha de Vox–. Ni el PP ni Ciudadanos, que tanto reivindica el legado de la Transición, quieren darse por enterados de que el caso Franco es, además de una maniobra electoralista, algo infinitamente más importante: una enmienda a la totalidad a nuestra democracia, nacida de un acuerdo prácticamente absoluto en la sociedad española, pero sobre las bases del régimen franquista y a partir de las leyes franquistas.
Lo que en última instancia pretende la izquierda no es imponerse sobre una dictadura que fue enterrada hace más de cuarenta años, tras el masivo apoyo que recibió la Constitución en 1978, sino acabar precisamente con la Constitución y la Monarquía que tomaron el relevo de un franquismo que se hizo el harakiri y cedió el poder a un rey nombrado por Franco y a un presidente del Gobierno, ese Adolfo Suárez al que tanto reivindican unos y otros, procedente igualmente del franquismo y nombrado por el propio Don Juan Carlos.
Cuando el centro-derecha calla respecto al atropello que supone la inhumación de Franco sin el consentimiento de la familia no está renunciando a defender al dictador, sino avalando la operación de deslegitimación de nuestra democracia en la que está inmersa la izquierda desde los tiempos del infame José Luis Rodríguez Zapatero, gran referente –también en esto– del nefasto Pedro Sánchez, el peor presidente del Gobierno que pueda padecer la Nación en estos momentos.