La instrucción del caso Nóos agota hoy una de sus últimas etapas con la presentación de las conclusiones de la Fiscalía y las acusaciones particulares, en las que quedarán fijadas la calificación de los delitos y las penas que se solicitan para cada uno de los imputados en la causa.
Como era de esperar, la Fiscalía Anticorrupción ha decidido seguir manteniendo hasta el final la teoría inverosímil de que la infanta Cristina no tuvo conocimiento de las numerosas actuaciones delictivas que su marido realizaba a la luz pública aprovechándose, precisamente, de su condición de esposo de la hija del Rey.
Cristina de Borbón, propietaria del 50% de la sociedad utilizada como pantalla para desviar los fondos obtenidos ilegalmente por el Instituto Nóos, aparece a los ojos del fiscal como una persona ajena al entramado delictivo orquestado por su marido y el socio de éste, del que tan sólo se habría beneficiado indirectamente con la utilización para gastos personales del millón de euros que ahora tendrá que devolver, como única sanción. Además de irracional, la teoría del fiscal Horrach supone un agravio comparativo con la esposa de Diego Torres, el socio de Urdangarin, a la que sí acusa de un delito de blanqueo de capitales y para la que solicita el castigo penal correspondiente.
La actitud de la Fiscalía a lo largo de toda la instrucción del caso Nóos, el más grave de la democracia en términos cualitativos por la identidad de los principales acusados, socava aún más la credibilidad de la Justicia ante una sociedad azotada por la crisis económica y el irrespirable clima de corrupción política.
Las palabras de Rajoy en una entrevista televisiva concedida al inicio de la instrucción, con las que mostró su convencimiento de que a la infanta Cristina "le iba a ir muy bien" en este caso, han resultado tristemente premonitorias, pues, en efecto, a la hija del Rey le ha ido fenomenal hasta el momento, gracias a los esfuerzos del fiscal Horrach.
Ahora bien, no cabe escandalizarse por el resultado de un caso concreto de corrupción institucional cuando el manejo de los principales resortes judiciales por los partidos políticos es la principal característica del sistema de Justicia. El mal está ya tan extendido que hasta los responsables de impartir justicia en la parte media del escalafón, los jueces decanos, se reúnen para proponer medidas contra la corrupción y a ninguno se le ocurre incluir entre ellas la necesaria despolitización de los órganos judiciales para garantizar su independencia.
La protección que la Fiscalía y la Agencia Tributaria han dispensado a la infanta Cristina a lo largo de toda la instrucción ha hecho un flaco favor a la idea de que todos somos iguales ante la ley. Ahora serán el juez Castro y los magistrados de la Audiencia de Palma los que decidan sobre la suerte final de la esposa de Iñaki Urdangarin, principal acusado por el saqueo de fondos públicos perpetrado a través del Instituto Nóos. De su decisión depende que se restañe, si quiera en parte, la imagen de una Justicia que debería aplicarse a todos los justiciables por igual.