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EDITORIAL

El precio de la nueva tregua-trampa ya lo estamos pagando

Aunque muchos quieran hacernos creer que lo único que queda por dilucidar es cuál será el precio político que estará dispuesto a pagar el PSOE, lo cierto es que ese precio ya lo estamos abonando con el desarme del Estado de derecho ante ETA.

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Tal y como figuraba en el guión, la organización terrorista ETA acaba de anunciar su enésimo "alto el fuego". Esta tregua-trampa no es gratuita ni se debe a que los etarras se hayan convencido de una vez de que mediante el crimen no conseguirán sus objetivos. Es, como bien se ha encargado de recordar la propia ETA, una tregua condicionada desde el primer minuto a la negociación primero y a la consecución de su programa máximo después, una vez hayan puesto de rodillas al Gobierno español y, con él, a todo nuestro Estado de derecho.

No olvidemos que el pasado 7 de septiembre, la banda ya anunció su decisión de "no llevar a cabo acciones armadas ofensivas" en una declaración en la que aseguraba que, "si el Gobierno de España tiene voluntad", estaba dispuesta a acordar "los mínimos democráticos necesarios para emprender el proceso democrático". Lo cual, sin embargo, no le ha impedido seguir extorsionando a la sociedad vasca y continuar rearmándose desde entonces.

Las semejanzas con el anterior "alto el fuego", anunciado a bombo y platillo por la banda en marzo de 2006 con la indisimulada complacencia del Gobierno Zapatero, son demasiadas como para llevarse a engaño. La ETA no renuncia en momento alguno a ninguno de los puntos que constituyen su razón de ser. La banda sigue aspirando a la secesión del País Vasco del resto de España para después implantar una república popular de corte socialista no muy diferente a la cubana en la que su brazo político llevaría la voz cantante. Hasta ayer este objetivo lo perseguía mediante la lucha armada activa, principio que no ha abandonado en tanto que no entrega las armas para, en igualdad de condiciones, integrar su programa dentro del orden democrático.

La falsa tregua, por lo tanto, no es más que un reajuste táctico para negociar con el Gobierno desde una posición menos tirante de cara a la opinión pública. Influye también que la banda se encuentra debilitada y con los apoyos mermados. Es una constante histórica que siempre que la ETA se ha encontrado débil ha pedido cuartel a la misma democracia que combate con asesinatos, secuestros y extorsiones. Por de pronto, la ETA no ha cumplimentado ninguno de los puntos que caracterizarían un auténtico "alto el fuego". Para ser así, aparte de deponer incondicionalmente las armas, la banda debería renunciar por siempre a la violencia, asumir íntegro el coste penal que, entre sus filas, ésta ha ocasionado y solicitar formalmente perdón a las víctimas de su barbarie.

Si lo que la ETA nos ofrece es una segunda edición de la pantomima de 2006, ¿por qué se empeña en hacernos creer que es ahora el momento de acabar con el terrorismo y normalizar la situación en el País Vasco? Probablemente porque lo que la banda anunció ayer no sea más que un requisito ineludible para ajustar su calendario al del Gobierno. Porque, no nos engañemos, se ponga como se ponga el Gobierno es más que evidente que hay un proceso de negociación en marcha, o, para ser más exactos, el mismo proceso que dio comienzo en el año 2004 por empecinamiento personal de Zapatero y que se ha topado con algunos contratiempos imprevistos en el camino.

Aunque muchos quieran hacernos creer que lo único que queda por dilucidar en este "proceso" es cuál será el precio que el PSOE estará dispuesto a pagar para avanzar en las negociaciones, lo cierto es que el altísimo precio de esta pantomima ya lo venimos abonando en los últimos años con el progresivo desarme del Estado de derecho ante la banda terrorista. Ha sido continuo el empeño por parte del Gobierno de menospreciar a las víctimas y de legitimar a Batasuna separarándola a cualquier costa de ETA, como si fuesen algo distinto y no las dos formas que adopta la hidra etarra desde la Transición para complementar las tareas políticas con las "militares", para controlar la sociedad vasca desde las instituciones democráticas y, sobre todo, para proveerse de cuantiosos fondos económicos sin asumir riesgos. En esta patética obra de teatro que el Gobierno y la ETA están escenificando a dúo, todo parece estar calculado, hasta los privilegios de los que disfrutan los presos de la organización, que han crecido en los últimos meses al calor de la distensión entre ambas partes.

Como todo es mentira, no hay nada que verificar: ni en España ni en el extranjero. No deja de resultar curioso que la última verificación en la pasada tregua corrió a cargo del hoy vicepresidente Pérez Rubalcaba, con los resultados por todos conocidos. La banda volvió a las armas cuando creyó conveniente, dejando tras de sí un reguero de cadáveres que llega hasta el atentado en el que fue asesinado un gendarme en las cercanías de París el pasado mes de marzo.

Si las verificaciones nacionales son poco o nada de fiar, las internacionales podrían serlo aún menos. Lo único verificable son los hechos y aquí hay una completa ausencia de ellos, por cuanto ETA ni siquiera ha hablado de abandonar las armas. Además, ¿qué amigo de la banda verificaría la presunta buena voluntad etarra para continuar indefinidamente con el "alto el fuego"? ¿El asesor Brian Currin, que ya en agosto adelantaba que nos encontramos inmersos en un nuevo capítulo negociador? ¿Tal vez Jimmy Carter, observador presuntamente imparcial que está a partir un piñón con regímenes como el chavista? La treta de la verificación internacional es eso mismo, un camelo para buscar titulares y la legitimidad que, de principio a fin, le falta a la infame mesa de rendición que Zapatero auspicia de nuevo bajo su entera responsabilidad.  


 

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